Se ha desatado una controversia alrededor del funcionamiento de estaciones de gasolina en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), concretamente en la vereda La Cabaña, donde el grupo terrorista Estado Mayor Central (EMC) mayormente conocidas como disidencias de las Farc, estaría usando el combustible de dichas bombas.
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La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se pronunció al respecto e indicó que ya se inició la respectiva investigación para cerrar dichas estaciones, además mencionó que el grupo terrorista, con gran control en la región, estaría construyendo vías clandestinas para movilizar material ilícito.
“Hay unas estaciones de gasolina en la zona alta de Jamundí que estamos en el proceso de investigación para que sean cerradas. Igualmente, nos preocupa una vía en la región de El Naya que hicieron las disidencias para el tráfico de drogas. Por Jamundí se da el paso que se genera hasta la región de El Naya, que es el Pacífico, y, por supuesto, las drogas ilícitas las pasan por ahí”.
Así mismo señaló que realizó una solicitud ante el ministerio dirigido por Andrés Camacho Morales para que sea suspendida la distribución del combustible a dichas estaciones que estarían siendo al parecer usadas por las disidencias de Iván Mordisco.
“La Fiscalía está investigando estas gasolineras, y también se le ha solicitado al ministro de Defensa y a su vez al ministro de Minas para que no les vendan gasolina y por supuesto se cierren, ese ha sido el mecanismo a utilizar, si se evita que llegue la gasolina de esa manera se cierran”.
Finalmente concluyó la gobernadora que se están realizando operativos con las autoridades, tanto en las zonas rurales como en los cascos urbanos, para asegurar la protección de los vallecaucanos así mismo como para controlar el despliegue territorial que han tenido el EMC en la región.
“Puedo decir que en este momento hay tranquilidad y hay prevención. Vamos a hacer controles en todo el departamento, habrá muchos controles en el departamento con Policía y Ejército, para poder darles tranquilidad y seguridad a las personas”.
Las estaciones de la controversia
En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, se ha desencadenado una situación compleja que involucra acusaciones de violación de derechos humanos, construcción ilegal de infraestructura para el tráfico de drogas y controversias políticas. Según reportes, las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central, lideradas por quien es conocido bajo el alias de Iván Mordisco, han establecido presencia armada en este área.
En este contexto, se ha revelado información sobre la construcción de una estación de gasolina en la zona rural de Jamundí, específicamente en la vereda La Cabaña del corregimiento de La Liberia. Esta estación, según el congresista del Centro Democrático, Christian Garcés, habría sido autorizada bajo la gestión del exalcalde Felipe Ramírez y se encuentra en un área controlada por el frente Jaime Ramírez del Estado Mayor Central. Garcés ha solicitado explicaciones públicas a Ramírez y al congresista del partido Verde, Duvalier Sánchez, sobre la autorización de esta estación, la cual se denuncia como parte de la infraestructura utilizada por las disidencias para el cultivo de coca y el establecimiento del corredor de narcotráfico al Pacífico.
Tanto el exalcalde Ramírez como el representante Sánchez han respondido a las acusaciones, señalando que el tema está siendo investigado por la Fiscalía y negando cualquier responsabilidad al respecto. Ramírez ha compartido evidencia de comunicaciones con la Fiscalía y conversaciones internas que sugieren que las licencias para la construcción de la estación de gasolina podrían haber sido falsificadas. Por su parte, Sánchez ha calificado la información proporcionada por Garcés como errónea y perjudicial para su reputación, mencionando una denuncia en la Fiscalía sobre el uso de “falsas licencias”.
Este caso destaca no solo los desafíos de seguridad y violaciones de derechos humanos en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia, sino también las complejidades y tensiones políticas que surgen en torno a la autorización y construcción de infraestructura en áreas controladas por grupos armados disidentes. La investigación en curso por parte de las autoridades colombianas busca esclarecer estas acusaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.
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