La Procuraduría se interpuso a la orden del presidente Gustavo Petro para iniciar la implementación de la reforma a la salud a través de destinar recursos para la creación de equipos médicos, una petición que generó un nuevo enfrentamiento entre el jefe de Estado y el ente disciplinario.
Desde el Ministerio Público le solicitaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, abstenerse de emitir una resolución que se encuentra publicada para comentarios, en la que se establece la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud.
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Estos equipos, conformados por médicos y enfermeros, han sido anunciados por el presidente Petro como la implementación de la reforma a la salud. Su función es llevar la atención primaria a las zonas de más difícil acceso como parte del programa de prevención.
El Gobierno nacional ha apostado por incrementar estos equipos en diferentes regiones. Así mismo, para fortalecerlos, se proyectó una resolución en la que se define destinar un 5% de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) destinada a los regímenes contributivo y subsidiado. Es decir, los recursos que se giran a las EPS por la atención de cada paciente afiliado.
Ese medio de financiación es el que preocupa a la Procuraduría. “La entidad advierte que según la jurisprudencia de la H. Corte constitucional los recursos de la UPC tienen una destinación especifica y estos no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y en la Ley, puesto que, estos argumentos no se pueden tener como fin para ser un proyecto especifico de regulación”, señaló el ente disciplinario.
En ese sentido, en el llamado del ente de control señalaron que el Ministerio de Salud no tiene competencia para cambiar el uso de la UPC ni destinar una cifra definida a través de una resolución. Además advierten que hacerlo “podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios”.
La Procuraduría aseguró que esa resolución disminuiría los recursos destinados al aseguramiento, lo que podría generar una crisis de sostenibilidad financiera para el sistema de salud. A lo que se suma las críticas sobre la insuficiencia del incremento de la UPC.
“La Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del ministerio, sobre la suficiencia de la UPC; también, se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos”, advirtió la entidad.
Aunque el ministro Jaramillo todavía no se ha referido a la petición de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro sí rechazó el llamado y sostuvo que, de ser cierto lo que se ha comunicado, se trataría de un nuevo ataque en contra de sus políticas de Gobierno.
“La procuraduría trata de impedir que enviemos médicos a los hogares de toda Colombia. Así quieren impedir que se prevenga la enfermedad. Quieren detener el mandato popular de las urnas. Implementar el sistema de prevención en salud es la orden de la ley estatutaria de salud”, escribió el presidente.
“Es decir que no financiemos el sistema preventivo de salud porque dice ella, o sus funcionarios, que la Corte Constitucional ordenó que no se hiciera. El día que la Corte Constitucional ordene que el Gobierno no puede financiar médicos y médicas a punto de morir en las regiones de Colombia es mejor apagar la inteligencia del país totalmente”, agregó el presidente desde Sucre.
El Gobierno ha puesto en marcha varios equipos básicos de salud en las zonas a las que ha acudido con Gobierno con el Pueblo así como la respectiva inversión para su funcionamiento. Por ejemplo, en Córdoba, el presidente aseguró que se conformaron 70 equipos que cuestan 15.000 millones de pesos anuales.
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