Escoltas de la UNP estarían trabajando con las licencias para portar armas vencidas

En un reciente desarrollo que pone en tela de juicio la legalidad y seguridad de los esquemas de protección en Colombia, la periodista Amalfi Rosales presentó una denuncia preocupante. Rosales afirma que sus escoltas, asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) están portando armas sin la documentación legal requerida.

Este asunto ha resonado fuertemente después de que W Radio decidiera indagar al respecto, descubriendo que este no es un incidente aislado, sino parte de un problema más amplio que afecta a la UNP.

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La denuncia subraya un cambio reciente en las empresas contratistas responsables de otorgar las licencias para el porte de armas. Anteriormente, esta tarea estaba en manos de la empresa de seguridad Guardianes, pero ahora ha pasado a Alliance, compañía vinculada a Jorge Moreno, conocido como el “zar de la seguridad”.

Este cambio ha provocado una demora en la actualización de las licencias de porte de arma para una gran cantidad de escoltas en el país. “La situación viene porque anteriormente el contrato para estos permisos, lo tenía una empresa de seguridad, llamada Guardianes y ahora las licencias de esos portes de armas están con la empresa Alliance”, detalla la denuncia.

Este traspaso en la administración de las licencias ha dejado a muchos miembros de esquemas de seguridad sin la documentación adecuada, llevando a una situación donde potencialmente portan sus armas de manera ilegal. La repercusión de esta irregularidad no es solo una cuestión de legalidad, sino que también plantea serios cuestionamientos sobre la integridad y eficacia de la protección proporcionada por la UNP.

Diversas fuentes consultadas por W Radio confirman la existencia de este dilema, indicando que ya ha sido objeto de varias denuncias. Según lo dicho, efectivamente es un problema que se está presentando en la Unidad y que ha sido denunciado en varias ocasiones. La continuidad en el porte ilegal de armas por parte de los escoltas no solo representa un peligro para la seguridad pública, sino que también expone a los involucrados a posibles acciones legales.

La gravedad del asunto radica, además, en la transición no resuelta entre las dos empresas contratistas, lo que sugiere una falta de supervisión y control por parte de las autoridades pertinentes en este sector crítico. Este vacío en la gestión adecuada de las licencias pone de manifiesto la necesidad de una reforma y un escrutinio más riguroso en los procesos internos de la UNP.

La Unidad Nacional de Protección aún no ha emitido una respuesta oficial frente a estas acusaciones, dejando un ambiente de incertidumbre sobre las medidas que se tomarán para remediar esta situación. La comunidad periodística y la población en general aguardan con expectativa la actuación de la institución ante estos serios señalamientos.

El caso planteado por Amalfi Rosales y la investigación subsecuente de W Radio inauguraron un debate necesario sobre la seguridad y legalidad de los esquemas de protección en Colombia, poniendo en relieve los desafíos y deficiencias que aún enfrenta el país en su lucha contra la inseguridad y la ilegalidad.

La UNP enfrenta desafíos significativos que amenazan su capacidad para garantizar la seguridad de individuos en riesgo en el país. Entre los problemas más apremiantes se encuentran las denuncias sobre corrupción interna y la insuficiencia de recursos, lo que ha provocado críticas por la falta de eficacia en la protección de líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos.

Los problemas de asignación de recursos, según informes, indican una distribución desigual que favorece desproporcionadamente a políticos de alto perfil en detrimento de activistas y líderes comunitarios en áreas rurales más afectadas por el conflicto y la violencia

Iniciativas para la reforma de la UNP han sido propuestas, buscando aumentar la transparencia, mejorar el escrutinio de las solicitudes de protección y asegurar una distribución de los recursos más justa y eficaz. Sin embargo, la implementación de estos cambios enfrenta obstáculos debido a resistencias políticas e intereses arraigados dentro de la estructura de la organización.