Una evaluación realizada por la Contraloría General de la Nación reveló que la justicia en Colombia presenta un fuerte retroceso, al detectar que el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027 fracasó.
Lo anterior, debido a serias debilidades estructurales en su diseño, ejecución y seguimiento, que impiden la atención y superación de la problemática que caracteriza el sistema.
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El Plan Decenal de Justicia se creó en el 2017 con el objetivo de “armonizar y articular las políticas públicas del sistema de justicia y al mismo tiempo, fungir como hoja de ruta para un horizonte de 10 años”.
Sin embargo, de acuerdo con el concepto de la Contraloría, luego de seis años de iniciada su implementación, las instituciones responsables de su ejecución continúan trabajando en forma desarticulada; no hay liderazgo institucional del Comité Directivo del plan y las acciones formuladas no generan los resultados esperados.
Dadas las graves fallas en el diseño del Plan Decenal de Justicia 2017-2027, en un primer ajuste, las instituciones eliminaron 200 de las 735 acciones inicialmente formuladas. Adicionalmente, tienen previsto suprimir 145 más, lo que implicaría que cerca del 50% de lo planeado desaparecerá. Para la Contraloría, una decisión en tal sentido pone en riesgo el propósito primordial del mencionado Plan.
En materia de inversión, las entidades que implementan la política de justicia formal han tenido un rezago presupuestal en el período analizado de 49%.
La evaluación adelantada por la Contraloría demuestra que el fenómeno de la impunidad persiste. De acuerdo con las estadísticas de los últimos años en materia de investigación penal, se evidencia que más del 80% de las noticias criminales se archivan, especialmente, porque no se puede establecer responsable de la comisión del delito.
En materia de congestión judicial, la evaluación de la Contraloría destaca que, exceptuando la jurisdicción constitucional, en todas las demás especialidades (penal, civil, promiscua, familia, laboral, administrativa y disciplinaria) el índice de congestión aumentó en 4 puntos porcentuales con respecto a 2017. Hoy, de cada 100 casos que ingresan al sistema judicial, 57 quedan pendientes de trámite para la siguiente vigencia.
Así mismo, la productividad por juez disminuyó, a pesar de que se incrementó el número de togados y así mismo, disminuyó la demanda. La Rama Judicial fue menos eficaz en 2022 que en 2017, sin desconocer la coyuntura por la que pasaron todas las entidades públicas por efecto de la pandemia del covid-19.
Luego de casi seis años de ejecución del Plan, a pesar de los esfuerzos fiscales de $61,8 billones en el período de estudio para fortalecer las estrategias, así como los mecanismos virtuales implementados, para mejorar el acceso y gestión judicial, aún no se demuestra que se hayan agilizado acciones para la resolución de fondo de los conflictos llevados al sistema judicial en Colombia.
Deben hacerse cambios estructurales en el sistema judicial: Contraloría
Teniendo en cuenta las fallas identificadas, a juicio de la Contraloría General de la República se deben incorporar cambios estructurales al plan: claridad en metas, recursos económicos, indicadores para el seguimiento de avances y medición de impactos, bajo la colaboración armónica por parte de las entidades públicas.
Para la entidad, el mayor desafío del plan consiste en lograr en cuatro años avances significativos en la disminución del índice de congestión, la optimización de la productividad efectiva por juez; y el acceso de la ciudadanía a la administración de justicia en términos de cobertura, oportunidad, eficiencia y eficacia, principalmente en lo que tiene que ver con las barreras físicas y tecnológicas existentes.
A juicio de la Contraloría, debe haber mayor liderazgo de parte del Ministerio de Justicia, del Departamento Nacional de Planeación, del Poder Judicial y el Sistema de Justicia, “con más firmeza y exigencia” en el cumplimiento de las acciones.
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