Ante la demanda que radicaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la representante a la Cámara Carolina Arbeláez y el senador David Luna (Cambio Radical) para tumbar el programa Jóvenes en Paz, el viceministro de la Juventud, Gareth Sella, salió a explicar la naturaleza del programa, advirtiendo que en ningún caso se entregarán dineros a personas con órdenes de captura.
En Sigue la W de W Radio, el viceministro Sella reiteró que el programa Jóvenes en Paz lo que busca es crear oportunidades de educación de calidad, empleo y asociación y emprendimiento, así como garantizar el derecho a la salud.
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“Esto es más que una ayuda, esto es garantía de derechos, este es el despliegue más grande que ha hecho un gobierno en temas de juventud y esto no es un millón de pesos. Jóvenes en Paz es salud integral con énfasis en salud mental; es empleabilidad, asociatividad y emprendimiento; corresponsabilidad y/o trabajo comunitario”, explicó el viceministro Sella.
También dijo que la meta, en lo que queda de Gobierno de Gustavo Petro, es llegar a 100.000 jóvenes, y que, al 12 de marzo, hay cerca de 1.000 personas vinculadas al proyecto “trabajando por su territorio con la comunidad en temas ambientales, de recuperación de espacio público, memoria, artísticos y demás”.
El viceministro explicó que los jóvenes que hacen parte del proyecto tendrán que asistir a componente de educación y trabajo comunitario. “Es decir, tiene que estarse educando y trabajando por la comunidad, el Estado colombiano tendrá que garantizarlo y solo así podrá acceder a un millón de pesos, para poder asistir a su educación, para poder comer y seguir trabajando en corresponsabilidad”.
¿Cuál es el filtro para elegir a los beneficiarios del programa?
El mandato del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es trabajar en los territorios, por lo que, según contó el viceministro Sella, los equipos del Ministerio de la Igualdad hacen “búsqueda activa, ubicamos en donde está la infraestructura en la que vamos a poder atender a los jóvenes” y dónde existen las fronteras invisibles en los barrios, para poder llegar a la población que quieren impactar.
Una vez levantada esta información, se envía al Departamento Nacional de Planeación y se contrasta con el Registro Nacional de Hogares para confirmar que las personas que se postularon cumplen con los requisitos de “estar en extrema pobreza, vulnerabilidad económica, riesgo de reclutamiento forzado, riesgo de explotación sexual, habita o habita de manera constante la ruralidad o riesgo de pertenecer o haber pertenecido a dinámicas de criminalidad”, explicó el viceministro.
Una vez Planeación confirma esta información, devuelve el listado y el Viceministerio de la Juventud se comunica con los seleccionados, “les explicamos en qué consiste Jóvenes en Paz y los invitamos a firmar un acuerdo de corresponsabilidad, donde se comprometan a cumplir los componentes, y nosotros nos comprometemos a darles la transferencia monetaria en la medida que cumplan con los componentes”, señaló el viceministro Sella.
El funcionario también desmintió que el decreto que le dio vida al programa Jóvenes en Paz incentive la delincuencia, como señaló la representante Arbeláez, que también dijo que se estarían entregando recursos del Estado a personas con denuncias y antecedentes judiciales.
“Estamos emprendiendo es contra el decreto de Jóvenes en paz que busca pagarle un millón de pesos a los jóvenes vinculados en la criminalidad donde es un decreto totalmente ilegal porque hemos identificado que le van a pagar a jóvenes de 14 años sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de fiscalización por parte de padres de familia o el tutor. También este decreto busca pagarles a jóvenes extranjeros vinculados a la delincuencia”, dijo la representante Arbeláez, según la citan en Noticias RCN.
“Aquí no puede entrar ninguna persona con orden de captura. Eso lo dejamos claro, lo expresamos y también lo verificamos. No puede llegar a recibir una transferencia ninguna persona con orden de captura”, aclaró el viceministro Sella
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