La relación entre la Fiscalía General de la Nación y los medios de comunicación vuelve a estar en vilo, después de que la revista Cambio publicara, en la mañana de este martes 12 de marzo, un comunicado en el que dejó a la luz las intenciones del ente investigador de ingresar a sus instalaciones para obtener información sobre una de sus fuentes.
El medio noticioso rechazó enfáticamente la solicitud procedente de la Fiscalía General de la Nación. Esta consistía en una orden de inspección judicial destinada a recabar información confidencial relacionada con una de sus publicaciones.
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La solicitud se centra específicamente en identificar la fuente de un reportaje que denunciaba el presunto intercambio de coimas a nombre de Daniel Rojas y Juan Fernando Petro por bienes de la SAE, un hecho que ha encendido alarmas sobre la vulneración de la independencia periodística.
Según declaraciones proporcionadas por el director de Cambio, Federico Gómez Lara, la orden de la Fiscalía se percibe como “arbitraria, excesiva y vulneratoria de la libertad de prensa, la reserva de la fuente y la independencia periodística”. La casa periodística ha subrayado su compromiso con la protección de sus fuentes, argumentando que esta es una condición invulnerable para el ejercicio libre de la actividad periodística.
“Los medios de comunicación están facultados a guardar la reserva sobre la existencia de una determinada información, su contenido, origen o fuente y la forma en que se obtuvo. Esta garantía es clave y necesaria para el ejercicio libre e independiente de la actividad periodística”, señaló el medio.
En consecuencia, Cambio ha decidido no atender la petición de realizar una inspección que permita localizar a la persona detrás de la información publicada, reafirmando su decisión de no comprometer la reserva de sus fuentes ni su independencia editorial.
“Como ya se indicó ante la Fiscalía, Cambio no accederá a recopilar la información requerida por la Fiscalía General de la Nación, como tampoco a la realización de una inspección judicial con el fin de obtener los datos de ubicación de la persona que suministró la información publicada”.
La posición adoptada por Cambio se funda en el principio de que los medios de comunicación tienen el deber de guardar reserva sobre la existencia, contenido, origen o fuente de la información que manejan. Esta práctica no solo es esencial para la integridad periodística, sino que también constituye una garantía clave para el ejercicio independiente de esta profesión.
Tal como expresó Gómez en su perfil público de la red social X, “Vuelve y juega: la Fiscalía ordena una inspección a Cambio para obtener la ubicación de una fuente. Esto es una barbaridad. No permitiré que entren a un medio de comunicación a vulnerar los derechos de los periodistas”.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha manifestado que se encuentra en el proceso de aclarar la situación, prometiendo emitir pronto un comunicado que proporcione luz sobre este polémico requerimiento.
Este episodio no solo ha provocado un debate nacional sobre los límites de la intervención judicial en el trabajo periodístico, sino que también ha generado preocupación acerca de los posibles efectos intimidatorios de tales acciones sobre la cobertura de temas de interés público.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre las autoridades y los medios de comunicación en Colombia, donde se han documentado intentos previos de obtener acceso a información protegida. Además, se suma a una serie de movimientos que estarían realizando dentro de la Fiscalía General de la Nación, que hasta ahora se mantiene en manos de la fiscal encargada Martha Mancera.
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