Esta es la Ruta Caribe II, la megaconcesión que mejoraría la movilidad entre Cartagena y Barranquilla que el Gobierno Petro quiere cancelar

La posible decisión del Gobierno nacional de cancelar el proyecto Ruta Caribe II, que reduciría considerablemente el tiempo de viaje entre Barranquilla y Cartagena para el tráfico de carga, tiene preocupados a los gremios de la infraestructura en Colombia.

El ministro de Transporte, William Camargo, anunció la posible liquidación de la megaobra debido a que la Autopista del Caribe no logró el cierre financiero. Es decir, que no consiguió los recursos para sacar adelante la Ruta Caribe II.

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Según argumentó el jefe de cartera, eso se debió a los constantes cierres en los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra causados por las manifestaciones de los denominados antipeajes de la zona.

Pero la concesión Autopistas del Caribe respondió a esta situación por medio de un comunicado en el que aseguró que la posible decisión del Gobierno afectaría directamente la competitividad de las regiones, “traduciéndose en el corto y mediano plazo en el lento crecimiento de la economía”.

Agregaron que la cancelación de la obra traería desempleo a la región, disminución de la inversión extranjera directa y el declive de la infraestructura vial para la conectividad del Caribe colombiano.

“La terminación del proyecto Autopistas del Caribe es un hito negativo para el futuro del sector infraestructura colombiano, construir iniciativas de este tipo pueden llegar a tardar más de cinco años en consolidarse”, se puede leer en el comunicado de la concesión.

También expresó su opinión la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, que le pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que aclare las palabras del ministro Camargo, porque de ser confirmado su anuncio, “se estaría lesionando la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y así mismo se generaría inseguridad jurídica”.

De igual forma, le hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a restablecer el cobro de los peajes de Turbaco y Arroyo de Piedra, con el fin de que se puedan recolectar los recursos necesarios y así se salve la obra.

“Los usuarios de ese corredor de carga seguirán pagando los peajes, pero no tendrán la garantía del mantenimiento y la debida operación del corredor vial ni mucho menos su ampliación a doble calzada, obras y acciones que recaería en Invías, entidad que no ha demostrado ser eficiente en el cumplimiento de esa responsabilidad”, dice la CCI en su comunicado.

También manifestaron que “las dificultades para lograr el cierre financiero de esta APP de iniciativa privada no se derivan de errores en la estructuración de la concesión, sino de la ausencia de autoridad de los gobernantes de Bolívar y Atlántico que no ejercieron los instrumentos legales para restablecer la operación de la caseta de peaje en dicho municipio”.

De hecho, el ministro Camargo catalogó el modelo de concesiones como inviable, a lo que la CCI respondió que aquella figura “garantiza el principio de equidad social porque solo quien usa lo vía paga por transitar por ella y fija tarifas de acuerdo con el impacto de las distintas categorías de vehículos en su deterioro. Sin este, el país habría tenido que tramitar una sucesión de reformas tributarias innecesarias”.

El proyecto consiste en una APP (Alianza público-privada) en la que participaría la firma Estructura Plural Autopistas del Caribe, conformada por KMA Construcciones S.A., Obresca S.A.S., y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.

Su objetivo es acortar el tiempo de viaje entre Barranquilla y Cartagena en alrededor del 36%, es decir, entre dos y tres horas. Está pensada para el transporte de carga, aunque se cree que la obra también beneficiaría al sector turístico de la región. Contempla inversiones cercanas a los 4,3 billones de pesos y la generación de cerca de 4.000 empleos, entre directos e indirectos.