Narcotraficante terminó pagando su pena en un resguardo indígena: sancionaron al abogado de por vida

Sobre las 10 de la mañana del viernes 23 de febrero, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó las apelaciones presentadas por el abogado Carlos Eduardo Tejada Martínez y lo sancionó quitándole la tarjeta profesional de por vida por manipular documentos para que una mujer condenada en Huila por tráfico de estupefacientes lograra que su centro de reclusión fuera un resguardo indígena.

La decisión se tomó luego de que el defensor actuara en beneficio de una condenada por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir; en el proceso Tejada Martínez no cumplió con sus deberes y actuó con dolo para favorecer a su cliente.

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Este caso se desarrolló en marzo del 2019, para la fecha el abogado presentó ante el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva una solicitud para cambiar el centro de reclusión para su cliente.

El abogado propuso que su cliente purgara su condena en un resguardo indígena ubicado en el municipio de Páez, del departamento del Cauca. aunque los documentos presentados para efectuar la solicitud contenían información falsa.

Luego de desarrollarse una serie de audiencias y al analizarse las pruebas presentadas entre agosto del 2021 hasta julio del 2023, se demostró que Tejada Martínez había falsificado informes y documentos para respaldar la solicitud con suplantación de firmas y la presentación de certificaciones y documentos que fueron previamente manipulados.

Con estos hallazgos, la Comisión del Huila declaró al abogado responsable de incumplir con sus deberes de profesional, y lo excluyó del ejercicio de la profesión adicional a esto debe pagar una multa que equivale a veinte salarios mínimos mensuales.

Luego de revelarse la decisión, Tejada Martínez apeló, pero la Comisión confirmó la sanción, sosteniendo que no existieron irregularidades en el proceso porque este actuó de manera dolosa para favorecer a su cliente. Ahora, la Fiscalía General también abrió investigación contra el defensor para establecer la ética de su práctica legal.

Gracias a la ponencia del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, se determinó que no existe causa para invalidar la decisión, negando la solicitud y confirmando la sentencia contra el abogado.

El Estado ofrece algunas alternativas para garantizarle el derecho a la ciudadanía para que tengan acceso a la justicia sin importar su condición económica y social. Algunas de las alternativas para recibir asesoría legal a los ciudadanos que lo requieran son: la figura del abogado de oficio o la acción de beneficio de pobreza, con las que todo ciudadano tiene el derecho a la libre defensa.

Estos abogados de oficio presentan sus servicios gratuitamente para las personas que no tienen la capacidad monetaria de contratar a un defensor privado. Esta figura se conoce como asistencia jurídica gratuita, que es un derecho fundamental ciudadano.

Con este beneficio, los ciudadanos pueden solicitar ante un juez su exención del pago de los gastos de un proceso judicial, como costes procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y otros gastos.

Por ello, los ciudadanos que no tengan los recursos económicos y que requieran beneficiarse de este tipo de defensa, pueden acceder a esta representación haciendo la solicitud ante la Defensoría del Pueblo, donde recibirá la asesoría que necesite para ejercer el derecho.

Conforme a la Ley 941 de 2005, las Defensorías Regionales Seccionales o personeros municipales deben asignar a un abogado para representar legalmente a aquellas personas que lo requieran.

• Ser colombiano o extranjero residente en Colombia.
• No contar con los recursos económicos suficientes para acceder a la defensa de sus derechos.
• Tener un problema o conflicto que afecte sus derechos.

Adicional a esta opción, los ciudadanos puede acercarse a los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, estas están para garantizar el derecho y para brindar acceso a la justicia gracias a la Ley 583 de 2000.

En promedio, los abogados recién graduados de las universidades ganan cerca de $2.5 millones, según información del portal web talent.com, esta cifra varía según la ubicación, campo o el sector en el que trabajen. Asimismo, estos salarios básicos pueden complementarse con montos variables y beneficios.

Existen oportunidades para aumentar estos pagos según la experiencia y los estudios que se le abonen al título.