La Procuraduría General de la Nación inhabilitó al exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Everth Julio Hawkins por detrimento patrimonial. De acuerdo con el organismo de control, el contrato 291 de 2020, con un valor de $500 millones y firmado en plena pandemia por covid-19, puso al exfuncionario en el ojo del huracán.
Pues, el 41% de los recursos invertidos en el contrato en cuestión, es decir, $204.700.003, fueron utilizados en propaganda audiovisual y radial para la difusión de la situación sanitaria en la isla y de las medidas de protección que debía tener en cuenta la población ante el virus.
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Sin embargo, se pudo confirmar que todas estas divulgaciones eran totalmente gratuitas, ya que, para entonces, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró emergencia sanitaria en todo el país y, entre las decisiones que se tomaron bajo esta figura, está la de difundir información referente a la pandemia de manera gratuita. En ese sentido, los medios de comunicación masiva, operadores y programadores de televisión y de radio debían dar a conocer los datos, sin que esto supusiera algún costo para el Estado.
Así lo estableció la cartera en el punto 2.7 de la Resolución 385 de 2020, en el que no solo ordena la gratuidad en la divulgación de la información, sino también los temas en concreto que serían cobijados por la medida: situación sanitaria, medidas de protección para la población y la importancia de la vacunación.
Asimismo, el ministerio indicó que todas estas noticias y reportes dados debían ser presentados en horarios o franjas de alta audiencia y cumpliendo con las directrices del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Así las cosas, el contrato de prestación de servicios de 2020, firmado con Noel Foto S.A.S., no estaba justificado, porque los servicios que suministró la empresa debían ser aportados por los medios de comunicación masiva de la isla completamente gratis.
El exsecretario de salud Julian Roberto Davis Robinson se había defendido de las acusaciones sobre presuntas irregularidades en el contrato, certificando que cada una de las actividades del negocio jurídico habían sido satisfactorias. No obstante, sus declaraciones no surtieron ningún peso en el proceso disciplinario.
Por eso, tanto el exgobernador Hawkins como el exsecretario Davis Robinson deberán responder con 13 años de inhabilidad, por ser responsables de un grave detrimento patrimonial, registrado en medio de la pandemia, que representó serias dificultades económicas en todo el país.
De hecho, de acuerdo con datos presentados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 2020 presentó una vasta caída en el crecimiento económico del país: El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia decreció en un 6,8%, debido a las medidas sanitarias que se tomaron entonces para enfrentar el covid-19, que terminaron afectado gravemente al comercio.
El otro proyecto irregular que pesa sobre Everth Julio Hawkins
Apenas el 10 de febrero de 2024, la Procuraduría abrió una nueva investigación al exgobernador de San Andrés por presuntas irregularidades en un proyecto de $8.051 millones provenientes del Sistema General de Regalías. La iniciativa busca mejorar el nivel de inglés de 9.000 estudiantes y 140 docentes de 11 colegios del archipiélago y, aunque su ejecución física y financiera ya es del 95%, hay dudas sobre la manera en que se firmó el contrato.
De acuerdo con el ministerio público, Julio Hawkins y las exsecretarias de Educación y Planeación Lucía Marcela Páez y Nidia Angélica Hernández Vásquez habrían celebrado el contrato omitiendo los lineamientos del manual de contratación de la Fundación Universitaria del Valle, la entidad ejecutora del proyecto.
Asimismo, habrían desatendido ciertas recomendaciones establecidas por el Ministerio de Educación en aras de ejecutar las tareas de manera adecuada.
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