Luego de que el pasado 10 de febrero se conociera del asesinato del excombatiente Eywar Yamid Morán Campo en la vía que comunica a los municipios de Santander de Quilichao y Caldono, en Cauca, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a una audiencia para abordar la preocupante situación de seguridad que enfrentan los excombatientes de la Farc en Colombia.
La citación, que fue emitida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, quedó programada para el 26 de febrero en Pitalito, Huila, en la cual solicitó la presencia de altos funcionarios estatales y representantes de diversas entidades gubernamentales.
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Entre los citados se encuentran el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y al máximo representante de la Fiscalía General de la Nación, lo que significa que también Martha Mancera, ahora fiscal encargada, deberá acudir a la reunión para responder sobre los esfuerzos interinstitucionales para salvaguardar la vida e integridad de aquellos que han dejado las armas.
Los funcionarios deberán proporcionar, además, claridad sobre los acuerdos alcanzados con grupos armados ilegales y el despliegue de políticas públicas para el desmantelamiento de organizaciones criminales. En el caso de la fiscal encargada, se le solicitarán los avances en materia de investigación para capturar y judicializar a los responsables de los crímenes.
De hecho, se conoció que el alto comisionado deberá entregar un cuestionario antes del 19 de febrero, en el que se deberá aportar los avances que ha obtenido su dependencia en las negociaciones con los grupos armados, que incluye a las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia.
“Los representantes de las entidades estatales deben ser de alto nivel y tener capacidad plena para la toma de decisiones en representación de sus entidades, así como aportar los actos administrativos que den cuenta de ello, situación que será verificada por la Secretaría Judicial de la SAR. Adicionalmente, dichos funcionarios deberán permanecer durante la realización de toda la audiencia, so pena de iniciar medidas correctivas en el caso que no justifique su inasistencia o en caso de que deleguen su asistencia y no ejerzan el control del seguimiento de sus delegatarios”, se lee en el documento de la JEP.
La urgencia de esta audiencia se da también después de los datos proporcionados por la misión de verificación de la ONU, los cuales indican que más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. En este sentido, la JEP enfatizó que “cuando los riesgos de seguridad amenazan la vida y la integridad de las personas... las demandas de protección deben ser atendidas de forma prioritaria y prevalente”.
De hecho, la JEP hizo un llamado a las autoridades territoriales para que se adelante la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (Pesp), una iniciativa que busca la cooperación interinstitucional en todos los niveles de Gobierno.
Este plan, según comentó la justicia especial, es crucial para aquellos que participan activamente en las instancias del sistema integral para la paz, señalando la importancia de una estrategia robusta que avale la transición hacia una vida civil segura para los excombatientes.
La audiencia contará con una agenda extensa, desde las 8:00 a. m. y a las 6:00 p. m., donde se discutirán también las estrategias de protección en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las medidas específicas para proteger a los excombatientes de las FARC.
Se espera que los representantes de las entidades estatales citadas, que incluyen a los gobernadores de Huila, Caquetá, Putumayo, y Tolima, así como los alcaldes de varias ciudades relevantes y directores de unidades nacionales de protección, aporten soluciones tangibles y a largo plazo.
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