El exgobernador de San Andrés Everth Julio Hawkins está en la mira de los organismos de control por los presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido durante su administración.
La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación contra el exfuncionario por las presuntas irregularidades en un proyecto de educación en el archipiélago.
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De acuerdo con el ministerio Público, además del exgobernador de San Andrés Everth Hawkins, también se investiga a las exsecretarias de Educación y Planeación Lucía Marcela Páez y Nidia Angélica Hernández Vásquez.
La Procuraduría informó que las presuntas irregularidades se habrían cometido en el desarrollo de un proyecto de educación que tenía por objetivo mejorar el nivel de inglés de aproximadamente 9.000 estudiantes y 140 profesores de 11 colegios del archipiélago de San Andrés.
Según lo establecido por la entidad, para la ejecución del proyecto se destinaron más de 8.000 millones de pesos que provenían del Sistema General de Regalías.
El proyecto tiene un avance del 95%, pero detalles de la contratación pondrían en aprietos a los exfuncionarios involucrados
Pese a que el proyecto, según la misma Procuraduría General de la Nación, cuenta con un avance importante y se ha ejecutado en los tiempos establecidos con la firma del contrato, algunos detalles que no tuvieron en cuenta el exgobernador de San Andrés Everth Hawkins y las secretarias de Educación y Planeación son los que los tienen en aprietos con el organismo de control.
De acuerdo con la información revelada por la entidad, al parecer desde la Gobernación de San Andrés se dio vía libre a la ejecución del proyecto sin tener en cuenta los conceptos técnicos, para este tipo de actividades, establecidos por el Ministerio de Educación.
“A pesar de que el proyecto se ha desarrollado en los tiempos estipulados y actualmente presenta un avance físico y financiero de 95%, los funcionarios vinculados habrían aprobado y dado vía libre al contrato sin tener en cuenta las recomendaciones contenidas en el concepto técnico formulado por el Ministerio de Educación para este tipo de actividades académicas”, señalaron desde el Ministerio Público.
Así mismo, según la Procuraduría, tampoco se tuvo en cuenta los lineamientos de contratación establecidos por la entidad con la que se celebró el contrato para ejecutar el proyecto de educación.
“De otra parte, el Ministerio Público pudo determinar que, al parecer, se preparó y celebró el contrato desconociendo e inobservando los lineamientos de manual de contratación de la Fundación Universitaria del Valle, entidad seleccionada por la Gobernación para ejecutar el proyecto”, puntualizaron desde el organismo de control.
En el inicio de la investigación en contra de los funcionarios, para establecer las faltas que cometieron y las sanciones a las que haya lugar, la Procuraduría solicitó varias pruebas a la Gobernación.
Entre los documentos requeridos por el órgano de control están los documentos que sustentaron las etapas de preinversión, formulación, presentación, viabilidad, entre otros, del proyecto de educación en el archipiélago de San Andrés.
Con esas pruebas se busca “determinar su estado actual y establecer su nivel de cumplimiento con las características determinadas en la planeación, así como a los establecimientos educativos y demás lugares donde se desarrolla o desarrolló el proyecto para determinar su situación física, financiera y jurídica, así como su sostenibilidad”, dice en el acto de apertura.
Desde la entidad recordaron que dentro de los objetivos del Ministerio Público está garantizar el correcto uso de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
“Desde su misionalidad disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación trabaja para garantizar que los servidores públicos encargados de administrar los recursos del Sistema General de Regalías, lo hagan de manera transparente y eficiente, en beneficios de la ciudadanía”, aseguraron en un comunicado emitido por el organismo.
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