ELN denunció que irrumpieron en su gestoría de paz en Bogotá: “Enemigos de la paz atacan el mandato popular”

A través de su perfil en X (antes Twitter), la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció el domingo 4 de febrero que la sede de su gestoría de paz en Bogotá fue objeto de un hecho violento que generó alerta entre sus miembros. Y que calificaron como un ataque directo al proceso de paz que adelanta esta organización al margen de la ley con el Gobierno, por mandato del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

La oficina de gestión de paz, dedicada a facilitar las conversaciones para la terminación del conflicto, fue objeto de un ataque el viernes 2 de ebrero. La agresión fue atribuida a entidades descritas por la guerrilla como “los enemigos de la paz”, que, según expresaron, buscan sabotear los esfuerzos del diálogo en curso y lo que llamaron el “mandato popular” en lo que respecta a estas negociaciones, que cumplen el sexto ciclo en La Habana (Cuba).

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“Los enemigos de la paz atacan el mandato popular y el proceso de diálogos. El pasado viernes fue violentada la oficina de la gestoría de paz del ELN en Bogotá. Aun con acciones de este tipo, seguimos en la búsqueda de cambios estructurales que hagan posible la paz para Colombia”, manifestó el grupo armado ilegal en su perfil en relación con este caso, en una publicación que tuvo repercusión en las redes sociales.

Mientras se conoció este suceso, en la isla se lleva a cabo la evaluación y posiblemente en la extensión del cese al fuego bilateral, que venció el 29 de enero de 2024. Las negociaciones, que tuvieron la presencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, también analizan diferentes estrategias para intervenir en zonas críticas del país. A estos esfuerzos se suma la llegada de Antonio García, máximo comandante del ELN, que ha sido especialmente crítico con el proceso.

Pero, además, las comitivas estarían discutiendo la creación de un fondo con el que se sustituya las fuentes de sostenimiento a las que ha acudido esta guerrilla, que ha tenido influencia durante seis décadas en el conflicto armado colombiano. Con ello, se buscaría erradicar en el proceso algunas prácticas como el secuestro y la extorsión, que son calificadas por la insurgencia como retenciones y contribuciones que facilitan el financiamiento de la estructura ilegal.

Los diálogos de paz en Cuba están marcados por su objetivo de alcanzar cambios estructurales que permitan una paz duradera en Colombia. Pese a esta clase de desafíos, el compromiso de ambas partes estaría enfocado en avanzar en las tratativas y en concretar un nuevo cese por al menos seis meses, como lo manifestó el 23 de enero el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, que si bien se adelantó a las negociaciones no ocultó su optimismo.

“Ya hay un acuerdo, falta que ahora el Gobierno emita el decreto y que ellos den la orden del cese al fuego”, manifestó Patiño, en pronunciamiento que en su momento desmintió el ELN. El 29 de enero se acordó una especie de prórroga corta, de una semana, para evaluar el alcance del cese vigente desde el 3 de agosto y que está próxima a finalizar. En este caso, la atención está puesta en la necesidad de consolidar avances significativos hacia la paz.

Mientras tanto, la comunidad internacional y nacional observa atentamente este proceso, y espera que este último ciclo de conversaciones sea clave para establecer una solución pacífica y duradera al conflicto que ha afectado a Colombia desde 1964. El lunes 5 de febrero será crucial para conocer un nuevo y trascendental paso que darían las partes, cuando se entregue un balance del cese de hostilidades y cómo entraría en vigencia una nueva pausa en el conflicto.