Gremios del Caribe a Ministerio de Ambiente: “inadmisible pedir licencia para el Dique”

El Consejo Gremial de Bolívar y el Comité Intergremial del Atlántico manifestaron su inconformidad frente a lo que sería una nueva postergación en el proyecto de restauración del Canal del Dique.

Este descontento ha sido expuesto mediante un comunicado en el que se critica la permanencia de la exigencia de una licencia ambiental por parte de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad.

Según los gremios, esta solicitud es calificada de “inadmisible”, argumentando que existirían procedimientos más ágiles para cumplir con los requerimientos ambientales, en el contrato establecido entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la empresa Sacyr para la mencionada restauración.

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En el texto, los gremios expresan su malestar aludiendo a una dilación en las etapas iniciales de ejecución, la cual podría afectar el avance del contrato suscrito para devolver a la vida los ecosistemas degradados del área.

Esta situación ha generado preocupación entre los sectores económicos implicados, ya que consideran que los trámites de licenciamiento ambiental pueden manejar un ritmo más acelerado sin comprometer el cuidado del medio ambiente. La insistencia en una licencia ambiental por parte de la ministra Susana Muhamad es vista por los inconformes como un obstáculo burocrático que podría perjudicar el progreso de la importante obra de infraestructura.

“Solicitar una licencia ambiental pone en cuidados intensivos el Canal del Dique. Su costo económico y del derecho al agua relacionado con el abastecimiento de los acueductos de los municipios que dependen del canal”, indica un documento documento publicado por el colectivo Prodique, el cual reúne a líderes políticos y gremiales del departamento de Bolívar.

El Canal del Dique, de vital importancia para la región, ha sido objeto de múltiples esfuerzos de conservación y recuperación ecológica.

La restauración busca mitigar los impactos ambientales negativos originados por actividades antrópicas y fenómenos naturales que han afectado la dinámica de los cuerpos de agua y su biodiversidad. El papel de la ANI y Sacyr es fundamental en este proceso, que pretende, además, impulsar el desarrollo económico sostenible de las zonas adyacentes al canal.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha defendido la importancia de un procedimiento riguroso para garantizar la protección del entorno natural durante la realización de obras de tal magnitud. El debate sobre los tiempos y requerimientos legales para este tipo de proyectos pone en evidencia la tensión entre el desarrollo de infraestructura y la preservación del medio ambiente en Colombia.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la ministra Susana Muhamad o de representantes de Sacyr en respuesta a las declaraciones emitidas por el Consejo Gremial de Bolívar y el Comité Intergremial del Atlántico. La comunidad espera que se encuentre una pronta solución que permita avanzar con los trabajos, satisfaciendo tanto las expectativas económicas como los estándares ambientales.

Este proyecto no solo buscaría revertir el daño ecológico sino que además, según los gremios, promete fomentar el bienestar social y económico en una región caracterizada por altos niveles de pobreza. La iniciativa prevé la creación de 61.766 empleos, tanto directos como indirectos. Además, se espera que impulse las actividades de agricultura, pesca y turismo sostenible, contribuyendo significativamente al desarrollo local.

“En términos sociales, la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique constituye una oportunidad única para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan en sus proximidades dado que creará 61.766 empleos directos e indirectos y dinamizará la actividad agrícola, la pesca, y el turismo sostenible en uno de los territorios del país con mayor índice de pobreza”, se lee en el pronunciamiento.

La implementación de este proyecto, que también incluye medidas para la prevención de inundaciones, podría verse afectada por demoras en los trámites administrativos. Frente a esta situación, los representantes de los sectores involucrados han hecho un llamamiento a las entidades gubernamentales. El fin es alcanzar acuerdos que permitan avanzar en las etapas de preconstrucción y construcción sin retrasos innecesarios, aprovechando así la oportunidad de mejora que representa para las comunidades cercanas.