Dos días después de conmemorarse el primer lustro del atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 19 de enero de 2024, una jueza de la República condenó a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, vinculado con el acto terrorista.
El sentido del fallo condenatorio lo anticipó la juez en la audiencia, pues pudo determinarse que alias Chaco, que está imputado por los delitos concierto para delinquir en concurso con terrorismo agravado y homicidio agravado, era parte del ELN, que conocía a alias El Quesero, otro de los involucrados, y que además de ser testaferro de la guerrilla, llegó a ser explosivista.
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“El vínculo del procesado con el Eln se hace aún más fuerte por el contacto que mantuvo con el conductor del vehículo, Aldemar Rodríguez, conocido como alias El Mocho”, señaló la jueza, según la citan en El Tiempo.
También se determinó que fue Arévalo el que trasladó el carro, que estaba a su nombre, desde Arauca hacia Bogotá y que se lo entregó a Aldemar Rodríguez, para que se adecuara para ingresar los explosivos a la Escuela de Cadetes General Santander, asesinando a 22 uniformados. La juez reparó en que “no se explica el despacho cómo vendió el vehículo manteniendo su posesión”.
El abogado de alias Chaco, Rodolfo Ríos Lozano, advirtió que en la audiencia en la que se lea la sentencia en contra de su defendido esgrimirá todos los recursos que estime necesarios para reversar la condena. Mientras tanto, su cliente permanecerá privado de la libertad. Los representantes de las víctimas dijo que dejará a consideración de la juez la definición del monto de la pena.
Hay que recordar que esta es la segunda condena en contra de alias Chaco, que ya fue sentenciado a 17 años y tres meses de prisión por el atentado, según la decisión de un juez penal de Yopal (Casanare), que lo encontró responsable de los delitos de rebelión y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. También fue condenado a pagar una multa equivalente a 4.900 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En este proceso, cuya sentencia se conoció 11 de mayo de 2023, la Fiscalía, señaló y probó que Arévalo Hernández, no solo perteneció al frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino que, para concretar el atentado a la Escuela de Cadetes, constituyó una empresa de lácteos, Villa Esperanza, la que, además de servir como fachada para lavar dinero producto de extorsiones y secuestros en el oriente del país, también prestó sus vehículos para transportar armas, explosivos, equipos de comunicación, material de intendencia e incluso a cabecillas del ELN.
Según el material probatorio recabado por la Fiscalía, Villa Esperanza fue constituida con un capital de $3.500.000 y con un único empleado: Arévalo Hernández, y entre 2012 y 2017 recibió más de 300 consignaciones por $4.530 millones. También se logró determinar que la empresa dejó de declarar ante el Estado una cifra superior a $5.000 millones, que corresponderían a ingresos por actuaciones ilícitas.
Familiares de víctimas del atentado del ELN a la Escuela General Santander exigen justicia
Cinco años después del ataque del ELN a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el 17 de enero de 2024, los familiares de las víctimas denunciaron que el atentado terrorista está sumido en la impunidad, pues, más allá de la condena al Estado, no sienten que haya habido justicia.
Durante la ceremonia de conmemoración de los cinco años del atentado, en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, el Ministerio de Defensa y las directivas de la Policía rindieron homenaje a los cadetes asesinados por el ELN y se comprometieron con las familias a garantizar que habrá justicia y reparación.
También se anunció un encuentro de los familiares de las víctimas con el Gobierno nacional para examinar los mecanismos y trazar la ruta para una eventual reparación. Así lo confirmó Francisco Javier Marulanda, padre de uno de los cadetes, en diálogo con Noticias Caracol, dijo que el ministro los escuchó y que les dijo que “antes del 15 de febrero tendríamos otra reunión privada con él, apunto nuestras peticiones y que, de pronto, tendría algo positivo para decirnos”, sin embargo, el padre del cadete Marulanda no es muy optimista, pues, para él, los últimos cinco años son prueba de que la justicia no avanza.
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