Las cárceles en Colombia han sido objeto de preocupación constante debido a la complejidad de la problemática debido al porcentaje de eficiencia en los servicios esenciales, como salud, alimentación, resocialización y acceso a la justicia.
Por primera vez, un gobierno ha elaborado indicadores para arrojar luz sobre la situación carcelaria en el país, y los resultados son agridulces para las autoridades penitenciarias, de acuerdo con una publicación del periódico colombiano El Espectador.
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De acuerdo con la documentación del Ministerio de Justicia, conocida por ese medio de comunicación, el 67% de los internos (más de 101,000 en las 125 prisiones del país) reciben alimentación que no cumple con las condiciones óptimas de nutrición.
Aunque la alimentación es responsabilidad compartida entre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios del sistema (Uspec), solo el 38% de los reclusos recibe el menú contratado.
El acceso a la salud también plantea desafíos significativos. Aunque el 100% de los privados de la libertad cuenta con planes de salud, solo el 27% de los presos identificados como fuente de contagio o infección se encuentra en espacios de aislamiento.
El documento conocido por El Espectador también revela que solo el 33% de los internos que necesitan hospitalización por problemas de salud mental recibe atención fuera de la cárcel. Otros indicadores de salud también presentan deficiencias, como el acceso oportuno a citas ginecológicas para mujeres internas y el bajo porcentaje de afiliación al Sistema de Riesgos Laborales.
En cuanto a la resocialización y la educación, solo tres de cada diez internos logran completar sus programas de estudio, trabajo y enseñanza. Los recursos limitados y la falta de programas efectivos dificultan la tarea del Inpec de resocializar a una gran cantidad de personas desbordadas por el sistema penitenciario.
Finalmente, el acceso a la justicia es otro aspecto crítico. El informe sugiere que solo el 1% de las personas procesadas que requieren un defensor público realmente reciben el servicio.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo contradice esta cifra, afirmando que el 100% de los presos que no pueden pagar un abogado cuentan con un defensor público. Aun así, la sobrecarga de trabajo de estos defensores puede afectar negativamente la calidad de la representación legal.
La Defensoría alerta por el aumento de la extorsión en Colombia
Colombia registró 9.871 casos de extorsión en 2023, alertó este martes la Defensoría del Pueblo, que expresó su preocupación por el aumento de este delito, que en los últimos cuatro años creció en un 25 %.
La Defensoría, que citó cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) en 2020 los ciudadanos colombianos reportaron 8.188 casos.
La suma llegó en el año 2021 a 8.342; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871. “Es decir, el delito ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre el 2020 y el 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5 %” dijo la Defensoría en un comunicado.
Los casos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en los departamentos de Cundinamarca (1.827), Antioquia (1.725), Atlántico (1.227), Valle del Cauca (1.010) y Norte de Santander (525 casos).
“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
El funcionario agregó que algunos directores de cárceles y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) están siendo amenazados por presos.
Eso, según la Defensoría, ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.
De las 125 cárceles nacionales a cargo del Inpec, únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5 G.
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