En medio de la aparente tranquilidad en Chicó Reservado, un barrio al norte de Bogotá, surge una controversia por condiciones laborales de los escoltas encargados de proteger al contralor (e) Carlos Mario Zuluaga.
Cinco de estos guardasespaldas han denunciado situaciones que van más allá de la seguridad personal, el oficio para los que han sido contratados, y que se refiere a labores que no les competen.
En una carta fechada el 11 de septiembre del 2023 y la cual fue obtenida por Cambio, los escoltas señalan al coronel Jaime Andrés Martínez, jefe de seguridad del contralor Zuluaga, como el responsable de presuntos abusos y maltratos. Entre las acusaciones, se destaca la obligación de realizar tareas ajenas a su deber, como sacar a pasear al perro del contralor, Oslo, un springer spaniel que ahora es parte de esta polémica.
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Las jornadas laborales, según los denunciantes, se extienden hasta 18 horas diarias, una carga excesiva que, sumada a actividades impropias, genera un ambiente tenso y desgastante para estos agentes de seguridad. No solo se ven forzados a cuidar de la integridad del contralor y su familia, sino que también se ven involucrados en situaciones ajenas a sus labores, como transportar a personas que no están bajo medidas de protección, incluyendo al novio de la hija del contralor y a una amiga.
Las denuncias no se detienen ahí. Los escoltas afirman ser víctimas de llamados de atención arbitrarios, comentarios humillantes en público y, en algunos casos, incluso ataques físicos. Uno de los escoltas, que solicitó la protección de su identidad, relató al medio mencionado, cómo el coronel Martínez “sacó a empujones a uno de los guardaespaldas a empujones”, sin dar mayor explicación o argumento de su actuar.
Lo que inicialmente parecía un problema aislado se torna aún más intrigante al descubrir similitudes con situaciones anteriores. En septiembre del año pasado, Yohir Akerman, columnista de Cambio, reveló una situación similar con los perros del fiscal general Francisco Barbosa, que eran sacados al parque por los escoltas del funcionario. Al ser confrontado, el fiscal defendió estas acciones, alegando que las mascotas formaban parte de su entorno familiar.
En respuesta a estas acusaciones, el contralor Carlos Mario Zuluaga negó tener conocimiento de los presuntos abusos. Sin embargo, reconoció haber utilizado a sus escoltas para situaciones que no corresponden a su labor, como socorrer a su mascota en emergencias y transportar a conocidos de su familia en condiciones adversas.
Según lo registró la W Radio, Zuluaga sostuvo que “son acusaciones en contra del jefe de seguridad, el coronel Martínez de quien tengo la mejor impresión y referencia”.
El teniente coronel Jaime Andrés Martínez, señalado como responsable de los maltratos, ha hecho caso omiso a las quejas de los escoltas, según los denunciantes. Alegan que las condiciones laborales y el trato recibido han llevado a un punto límite, donde la intimidación y los ataques físicos son parte de su día a día.
Ante esta situación, la Unión Temporal Protección y Vida, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General de la Nación han sido notificados de las irregularidades denunciadas por los escoltas. La expectativa es que estas entidades tomen cartas en el asunto e investiguen a fondo las condiciones laborales y el presunto maltrato dentro del esquema de protección del contralor Carlos Mario Zuluaga.
Este caso plantea interrogantes sobre la ética y el respeto en los esquemas de seguridad de altos funcionarios. ¿Hasta qué punto es aceptable que los guardaespaldas se vean obligados a realizar tareas que van más allá de su deber? ¿Cómo afecta esta situación a la seguridad y eficacia del esquema de protección?
Hasta el momento, las entidades estatales encargadas de estudiar e investigar este caso no se han pronunciado ni revelado mayor información.
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