El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) ha propuesto al Ministerio de Justicia y al Congreso de la República una modificación legislativa con el objetivo de restringir el uso de teléfonos públicos por parte de los internos en las cárceles.
La iniciativa busca ser una medida de combate frente a las actividades delictivas como la extorsión y las amenazas, que, según señala el Inpec, se coordinan frecuentemente desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
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Frente a la iniciativa recientemente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dio su respaldo a la iniciativa antes mencionada delante de varios medios de comunicación cuando fue interrogado por ello, lo que representa un paso importante para el proyecto debido a que él es el jefe de la cartera de Justicia, a quien el Inpec les había planteado dicho proyecto.
En su intervención, hablando acerca del tema, el jefe de la cartera de Justicia Osuna dijo lo siguiente: “Mire, todas las medidas para erradicar la extorsión desde las cárceles serán bienvenidas, por supuesto que los derechos de las personas recluidas en la cárcel se respetan, pero había cuenta de esta, digamos, persistencia de mal uso. De las comunicaciones, pues tendremos que tomar medidas extremas para que no se siga utilizando el teléfono. Incluso el teléfono legal, el teléfono que está puesto en la cárcel para hacer llamadas explosivas”.
De hecho, sobre esta iniciativa, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), declaró el lunes 15 de noviembre la intención de la entidad de limitar las llamadas telefónicas de los reclusos identificados con actividades de extorsión dentro de las cárceles colombianas. En una entrevista con Blu Radio detalló que la propuesta está en etapa de formulación y requerirá de la aprobación del Congreso de la República para su implantación efectiva en los centros de reclusión del país.
Por otro lado, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, impartió instrucciones al Inpec para que proceda con el traslado inmediato de los reclusos implicados en delitos de extorsión a centros penitenciarios de máxima seguridad en el país. La decisión presidencial surge como respuesta al incidente reciente en el que alias Satanás, un recluso de la prisión de Girón, Santander, desafió a las autoridades al enviar amenazas mediante un audio grabado desde la cárcel.
De hecho, el jefe de Estado dedicó una publicación en su cuenta de X al respecto diciendo que: “Todos los detenidos que ejerzan extorsiones sobre la ciudadanía deben ser enviados a cárceles de alta seguridad”, haciendo referencia a cómo se había mencionado con anterioridad a la banda llamada Los Satanás.
La reacción del presidente de la República vino tras la difusión de un audio en el que el delincuente conocido como Satanás emitió una declaración desafiante hacia las fuerzas del orden. En su mensaje, expresó desdén por el Gaula, la Sijín e incluso por el Ejército, e instigó a los criminales que se encuentran en libertad a continuar cometiendo asesinatos contra aquellos que no cedieran a sus exigencias económicas.
En cuanto al audio anteriormente mencionado, de acuerdo con el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, fue registrado por otro recluso durante la llamada que Satanás realizó desde la prisión como parte de sus derechos. Es por ese motivo que se ha decidido implementar nuevas estrategias en el sistema carcelario. El contenido del mensaje, destinado a intimidar tanto a comerciantes como a autoridades, ha motivado la adopción de políticas más severas para controlar el acceso a las comunicaciones de aquellos internos identificados como “dinamizadores de la extorsión”, con el fin de prevenir y frenar esta clase de actividades ilícitas.
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