La violencia de grupos armados en Colombia alcanzó niveles que no se veían desde la firma del Acuerdo de Paz

En su informe anual sobre derechos humanos a nivel mundial, la oenegé internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió que Colombia se encuentra, de nuevo, en una crítica situación.

De acuerdo con la entidad, los grupos armados que tienen el control en las zonas más apartadas del país aumentaron sus abusos, a tal punto que en 2023 se alcanzaron niveles vistos solo antes de la firma del Acuerdo, en 2016, cuando se había logrado una reducción inicial de la violencia.

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Los reportes de HRW indican que durante el 2023 el reclutamiento infantil y los secuestros aumentaron. También se reprocha a la Fuerza Pública por no haber protegido de forma adecuada a la población ni garantizado un suficiente acceso a la justicia. Además, se resalta que la estrategia de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, pese a sus intenciones, no ha logrado reducir los índices de violencia.

“El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas y alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz”, comienza diciendo el informe.

Luego, agrega que: “Casi un año y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de paz total no ha logrado reducir los abusos de grupos armados contra la población civil”.

La organización añade que además de la violencia desatada por los grupos armados, los altos niveles de pobreza, sobre todo en las comunidades afrodesendientes e indígenas, así como el acceso limitado a la justicia, constituyen graves problemas de respeto a los derechos humanos en el país.

HRW sostiene además que en Colombia siguen operando gran cantidad de grupos ilegales que se financian por medio del narcotráfico y la minería ilegal y que siguen cometiendo graves abusos en contra de la población civil.

“El temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 64.000 personas, en su mayoría indígenas, pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como ‘confinamiento’”, se puede leer en el informe.

Así mismo, se añade que durante los primeros seis meses del año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reportó al menos 52 masacres y que, según la Defensoría del Pueblo, se documentaron 150 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre enero y noviembre de 2023.

También se contabilizó el desplazamiento forzoso y masivo de más de 56.000 personas, entre los que destacan comunidades afrodescendientes e indígenas Awá en Nariño, que son víctimas de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc.

Por otra parte, HRW le hizo un fuerte ‘jalón de orejas’ a la Fiscalía General de la Nación por su falta de respuesta ante los abusos cometidos por la Fuerza Pública. Por ejemplo, sobre la masacre de El Remanso, Putumayo, que dejó a cuatro civiles muertes, la Fiscalía dijo que acusaría a 25 soldados, pero ante la falta de resultados, la Corte Constitucional estudia la petición de pasar el caso a la justicia penal militar.

También se señala que ha habido pocos o nulos avances en las investigaciones por los abusos policiales cometidos por parte de la Policía durante las manifestaciones de 2019 y 2021. HRW dice tener pruebas de 25 asesinatos en estos contextos, así como lesiones y arrestos arbitrarios, que involucrarían a uniformados ya identificados, pero que ninguno ha sido condenado.

De igual manera, felicitó a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) por la investigación y avances significativos sobre el esclarecimiento de crímenes de guerra, y destacó las acusaciones contra excomandantes de las Farc y oficiales del Ejército.

Otros aspectos que menciona el informe son la grave crisis migratoria que se está viviendo en el Darién y la violencia de género, que sigue siendo muy ejercida por los grupos armados en Colombia.