En el proceso de empalme de la Alcaldía de Medellín, el gabinete de Federico Gutiérrez denunció que varios funcionarios de la administración de Daniel Quintero quedaron ‘atornillados’ a sus cargos con contratos que acababan de ser renovados.
Entre los ‘atornillados’ se encontraba María Camila Villamizar, la exsecretaria privada del exmandatario de Medellín que salió de la Alcaldía cuando Quintero renunció, pero aterrizó en EPM luego de que le entregaran la Dirección de Gestión de Relaciones con el Gobierno nacional, cargo que, según el concejal Alejandro de Bedout, lo crearon solo para ella.
Ante la negativa de Villamizar de renunciar a su puesto en el que, según Bedout, devengaba $25 millones, la junta administrativa de las Empresa Públicas de Medellín decidieron despedirla y pagar la indemnización que rondó los $70 millones.
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Según pudo conocer El Colombiano, de una fuente interna de EPM, a la directora de Gestión de Relaciones con el Gobierno nacional le notificaron de su despido a través de un correo electrónico, ya que no se encontraba en Medellín cuando la junta de EPM decidió sacarla de la empresa.
“En un caso como el de Villamizar, que tenía salario superior a los $20 millones, la indemnización puede ser cercana a los $70 millones, pero ese valor es como quitarle un pelo a un gato para una empresa como EPM. Además, esas salidas eran necesarias para el bienestar de la empresa”, le dijo el informante a El Colombiano.
Al despido de Villamizar se sumaron el de Fabio Marín, gerente de Relaciones Externas; Andrés Moreno, vicepresidente de Transmisión y Distribución de Energía; Javier Darío Fernández, gerente del programa Trébol y Carmen Ángel, gerente Ambiental y Social, así como de otros 13 trabajadores de EPM que habían quedado ‘atornillados’ desde la administración de Daniel Quintero.
Tras conocer la noticia del despido de Villamizar, Alejandro de Bedout denunció en medio de una cesión del Concejo de Medellín que aún hay 58 funcionarios de la Alcaldía anterior que no han salido de sus cargos.
“¿Cómo es posible que a la fecha (10 de enero de 2024) todavía existan 58 funcionarios de cargos directivos de la administración anterior. Hoy salió María Camila (Villamizar), como lo denunciamos en este recinto hace un par de días. Una señora que estaba viviendo en Bogotá, con un salario de más de $25 millones, un cargo que le crearon a dedo por la modalidad de referidos”, aseveró.
El concejal también tildó a la exfuncionaria de “descarada” por decir que no iba a renunciar y esperar a que desde EPM le pagaran la millonaria indemnización por la suspensión unilateral del contrato.
“María Camila (Villamizar) ha sido mu mediática por todo lo que ha hecho y por su cercanía con Daniel Quintero. Si bien ella es una trabajadora oficial, hasta ahorita que le notificaron, no la pudieron declarar insubsistente porque no era un cargo de libre nombramiento y remoción. Medellín va a tener que indemnizarla y se va a llevar el botín, $70 más o menos se va a llevar esta señora”, agregó Bedout.
Finalmente el concejal de Medellín puntualizó que de los otros 58 funcionarios que quedaron ‘atornillados’ hay once en la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas de Medellín; 22 en la Empresa de Desarrollo Urbano; 25 en Ruta N y aseguró que si mantienen la postura de no renunciar, como Villamizar, la Alcaldía va a tener que indemnizarlos, lo que generaría grandes pérdidas para Medellín.
“¿Cuánto le va a valer de más a este distrito sostener una mala administración de cuatro años? Medellín ya no aguanta más... Si Daniel quintero es una persona coherente le debería pedir a esos funcionarios que por respeto a la ciudad renuncien”, concluyó Alejandro de Bedout.
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