
Jonathan Estiven Pascal Taicus, un niño indígena awá, resultó gravemente herido después de pisar una mina antipersona cerca del río Panulpí, en el corregimiento de La Guayacana, zona rural del municipio de Tumaco, Nariño.
De acuerdo con los informes revelados por la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, su estado de salud es crítico y está siendo atendiendo en el Hospital Infantil Los Ángeles, en la ciudad de Pasto, donde se evalúa la posible amputación de su pie izquierdo tras dos intervenciones quirúrgicas.
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Al parecer, el hecho ocurrió cuando el menor, perteneciente a la comunidad de Chachajo en el resguardo Gran Rosario, seguía una costumbre ancestral en busca de un lugar apropiado para realizar sus necesidades fisiológicas, en el momento en el que el niño fue de regreso hasta el sitio donde estaban sus familiares, sin saberlo, detonó el explosivo.
Este suceso ha conmovido a la comunidad awá, ya que sucedió durante una época de festividades y esperanzas, según indicó la Unipa: “causa conmoción que en los albores de un nuevo año, un tiempo habitualmente lleno de celebraciones y esperanzas, el niño Jonathan enfrentó una tragedia que ensombreció esta festividad para toda la comunidad”.

De igual forma, la institución mencionada ha manifestado su preocupación por la repetición de tales accidentes en sus territorios, destacando las secuelas profundas y el impacto en su comunidad. Por otra parte, también informaron que la madre de Jonathan, quien está a su lado y tiene otros tres hijos, enfrenta dificultades económicas para asumir los gastos médicos y sostener a su familia.
La Unipa ha expresado la necesidad de apoyo material y psicológico urgente para la familia del niño, así como de activar protocolos y rutas de emergencia. Además, han hecho un llamado a educar sobre el riesgo de minas y han exigido una vez más el desminado humanitario en el territorio awá.
Este caso añade urgencia al llamado a la acción para limpiar el territorio de las minas antipersona, que han cobrado la inocencia y la vida de menores en la región. “Este accidente se suma a una serie de incidentes por minas antipersonal en el territorio awá, que han arrebatado la inocencia y la vida a nuestros menores, dejando secuelas profundas y dolorosas”, agregó la organización.
Finalmente, la Unidad Indígena del Pueblo Awá insistió en la importancia de la prevención y la educación sobre el peligro que representan estos artefactos explosivos, esperando que se tomen medidas prontas para evitar que más tragedias como esta ocurran en el futuro.
En el 19% de los municipios de Colombia sigue el temor por las minas
En Colombia, el proceso de desminado avanza en 125 municipios, los cuales todavía presentan un peligro latente debido a la presencia de minas antipersona. Este número refleja una significativa disminución desde 2015, cuando 673 municipios estaban afectados. El coronel Carlos Tarazona, comandante de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército, que sigue las normas de la Convención de Otawa y la ONU, lidera a 3.500 soldados en la destrucción de estas amenazas, habiendo eliminado hasta la fecha 6.970 minas y artefactos explosivos.
Las operaciones de desminado humanitario no solo salvan vidas, sino que también permiten el retorno seguro de los desplazados a sus hogares. En 2023 entregaron nueve municipios libres de sospecha de minas y la meta es alcanzar otros ocho.
En el contexto del conflicto armado en Colombia, las regiones más afectadas por las minas antipersona incluyen Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander. El desminado es una labor de alto riesgo, empeorada por el control territorial de grupos ilegales que a menudo siembran nuevos campos minados. El desminado es vital para la infraestructura comunitaria, permitiendo el acceso a la educación, la agricultura, el comercio y la salud, como enfatiza el soldado John Jairo Vargas Chavarro, parte del Batallón de Desminado N°5.
Además de la Brigada de Desminado Humanitario, la Armada de Colombia y organizaciones civiles internacionales como The Halo Trust contribuyen al desminado en el país. Sin embargo, han enfrentado desafíos como la retención de personal por disidentes de las Farc. En términos de víctimas, las minas antipersona han dejado un saldo de 12.397 afectados desde 1990, incluyendo tanto militares como civiles, de los cuales 1.278 son menores de edad.
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