Como una iniciativa de memoria y reparación que surgió a raíz del fallo condenatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso violencia de género que sufrió la periodista Jineth Bedoya en mayo de 2000, se creó el Jardín No es hora de Callar, inaugurado oficialmente el viernes 29 de diciembre de 2023 por la ahora exalcaldesa de Bogotá Claudia López.
El jardín está ubicado entre el Reloj Suizo y la rotonda del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá y cuenta con la siembra de 50 árboles de diferentes especies y flores violeta, donados por el Jardín Botánico de Bogotá: “Este jardín es una forma de reparación y de justicia, pero también es un espacio para la memoria”, sostuvo la exalcaldesa López.
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En octubre de 2021, la Alcaldía distrital anunció su participación en las acciones de reparación a través de un espacio dedicado a la memoria. Este lugar, ubicado dentro de uno de los parques más antiguos de Bogotá, fue entregado como parte de esta iniciativa. En el desarrollo de la iniciativa, se llevó a cabo la siembra de varios árboles de la especie fucsia arbustiva, conocida popularmente como pendientes de la reina. El Jardín Botánico brindó su apoyo para llevar a cabo esta significativa contribución al entorno.
De acuerdo con las declaraciones de López en medio del acto inaugural, reseñadas por El Tiempo, cada árbol cuenta con un código QR que lleva a la historia de una de las niñas, adultas y ancianas, víctimas de feminicidio como consecuencia del conflicto armado o a manos de sus parejas:
El objetivo del jardín es permitir a las personas que conozcan y se concienticen de la problemática que agobia a las mujeres, así como también brindar información crucial acerca de los canales de atención disponibles para aquellas que puedan ser víctimas de violencia de género.
Las personas que decidan visitar el jardín encontrarán los árboles que representan a víctimas que quedaron marcadas en la mente de los colombianos, quienes fueron asesinadas solamente por su condición de mujer: Rosa Elvira Cely, Viviam Urrego, Valentina Trespalacios, Yuliana Samboní, entre otras.
La responsabilidad queda en el recién posesionado alcalde Carlos Fernando Galán, para completar las placas faltantes y garantizar su cuidado y preservación.
El proyecto de ley que protege a periodistas víctimas de violencia de género
Jineth Bedoya, comunicadora bogotana, se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia de género dirigida a periodistas en Colombia. Su caso involucró secuestro, tortura y violación por parte de paramilitares bajo la falsa premisa de una entrevista en mayo de 2000.
Por ello, el 4 de agosto de 2022 fue radicado un proyecto de ley que buscaba crear el Fondo de Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género, y de esta forma “adoptar medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las periodistas mujeres que se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su oficio, desde una perspectiva de género”.
Lo anterior, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que condenó al Estado colombiano por el caso de Bedoya.
El 21 de noviembre de 2023, se logró un avance significativo en la protección de las periodistas que se exponen a casos de violencia de género mientras desempeñan su labor, aprobándose en el Senado dicho fondo de prevención que brindaría apoyo psicológico, jurídico y económico. Adicionalmente, prevenir y proteger a las comunicadoras ante posibles agresiones y amenazas.
El Ministerio de Igualdad será responsable de administrar los recursos asignados, los cuales deberán provenir, principalmente, del Presupuesto General de la Nación. La gestión de estos fondos estará sujeta a informes periódicos que el Estado deberá presentar durante un período de cinco años ante la Corte IDH.
La sentencia establece un monto anual específico de 500.000 dólares, destinado a la constitución y mantenimiento del fondo. Este enfoque financiero busca garantizar la sostenibilidad y eficacia de las medidas impulsadas por el Ministerio de Igualdad, reforzando así el compromiso del Estado con la promoción de la igualdad y el cumplimiento de los derechos humanos.
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