La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha respondido a las críticas del presidente Gustavo Petro respecto a la extensión de la Avenida Boyacá hacia el norte. El proyecto contempla que la vía siga desde la calle 183 hasta la calle 235. A través de sus redes sociales, López destacó que la propuesta de esta extensión fue originalmente planteada por el mismo Gustavo Petro durante su mandato como alcalde.
Precisamente, en relación con la obtención de la licencia ambiental para la expansión de la avenida Boyacá, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación y emitió un comentario en su cuenta de X sobre el impacto ambiental: “Terrible. Con esto se acaba la reserva Thomas Van der Hammen”.
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Frente a ese comentario, Caracol Radio cita que López destacó que, durante su gestión, consiguió la aprobación de la licencia ambiental y la obtención del financiamiento esencial para materializar el proyecto. Así, resaltó que sus resultados marcaban un contraste con administraciones anteriores, que se limitaban al discurso y no mostraban acciones.
Claudia López, a solo un día de terminar su gobierno en la administración distrital, expuso los avances en infraestructura vial realizados durante su mandato. Dijo que cuando llegó a la Alcaldía, en 2020, la entrada a Bogotá por el nororiente tenía diez carriles y ahora, según ella, tendrá el doble.
La alcaldesa responde así a las críticas que no solo hizo el presidente Petro, sino otros funcionarios del Gobierno, como la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quién también lamentó la aprobación de la CAR Cundinamarca al proyecto de extensión de la Boyacá: “la CAR Cundinamarca inflige un golpe fatal a la Reserva Thomas van der Hammen. Desde el Ministerio de Ambiente examinaremos detenidamente la licencia y evaluaremos las opciones disponibles”.
Con esto, Muhamad da a entender que podría existir un reverso o modificación a lo aprobado por la autoridad ambiental regional, yendo en contravía de la autonomía territorial.
El proyecto de la avenida Boyacá al que la CAR le dio visto bueno
En un extenso documento de 330 páginas, la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca tomó la decisión de conceder la licencia ambiental para la ampliación de la avenida Boyacá a la Fiduciaria Bogotá S.A., la entidad encargada de la administración de la Fiduciaria Lagos de Torca, responsable del proyecto de ampliación de la Avenida Boyacá.
La autorización se da en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno Nacional y el Distrito, derivadas de la expansión de este corredor que conecta el norte y el sur de la capital colombiana por el occidente desde la calle 171 hasta la calle 235.
La polémica principal estaba relacionada con que serán utilizadas 20,87 hectáreas de la reserva Thomas Van der Hammen para la ejecución del megaproyecto Lagos de Torca. Este proyecto afecta el 1,49% de la reserva forestal: algunos dicen que, pese a ser poco, tendría un grave impacto ambiental en el resto del terreno conservado; mientras que otros abogan porque la afectación no sería mayor.
Entonces, la controversia al respecto hizo que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, solicitara a la CAR llevar a cabo una audiencia pública. El objetivo era escuchar a todas las partes involucradas antes de decidir sobre la concesión de la licencia ambiental para avanzar con el proyecto.
Expertos en movilidad y urbanismo como el profesor de la Universidad Javeriana Darío Hidalgo expresó que, dentro de la licencia otorgada se fijan compensaciones como siembra de árboles y otras más en terreno para zonas verdes: “No entiendo esto como un golpe mortal. Ayuda a desarrollar de forma ordenada y sostenible el norte de Bogotá”, dijo Hidalgo.
Aunque el proyecto Lagos de Torca ya contaba con una autorización previa de la CAR, se requirió una ratificación debido a las preocupaciones expresadas por la sociedad civil, incluyendo defensores de la reserva y el Ministerio de Ambiente. El Distrito argumenta que la extracción propuesta no generaría una interrupción abrupta entre la reserva, los cerros orientales y el Río Bogotá, sosteniendo que no existe un detrimento ecológico significativo.
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