Después de semanas de jornadas de negociaciones entre las centrales obreras, empresarios y el Gobierno Nacional que no llegaron a ningún puerto, se ha anunciado un aumento del 12,07% en el salario mínimo para el año 2024. De esta forma, este quedará en $1′300.000, junto con un incremento del 15% en el auxilio de transporte, que quedará en $162.000. La decisión del Gobierno de aceptar la última propuesta de los sindicatos ha desatado opiniones divididas y preocupación en distintos sectores.
En conferencia de prensa, el presidente Gustavo Petro respaldó la decisión y destacó la importancia de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, las reacciones desde diferentes orillas políticas y sectores productivos no se hicieron esperar. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó su desacuerdo, calificando el aumento como “exagerado” y un “error para la reactivación de la economía”.
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Cabal argumentó que el incremento del 12,07% es desproporcionado en relación con la productividad que ha tenido Colombia en los últimos meses, que ha tenido cifras negativas; así como con la inflación, calculada en alrededor del 9,4%. Cabal advirtió que este aumento podría generar más informalidad laboral y obstaculizar los esfuerzos del Banco de la República para reducir las tasas de interés debido a posibles efectos inflacionarios.
El sector más afectado, según los críticos, será el comercio, que es el principal generador de empleo en el país. El director de Fenalco subrayó que el aumento impactará negativamente en un sector ya resentido, evidenciado en la contracción económica del 0,3% registrados en el tercer trimestre de 2023, con respecto a los datos del mismo periodo de 2022.
El vocero de los comerciantes afirmó: “El comercio es un sector formalizado y el que más empleos con salario mínimo genera en el país, situación que lo hace más vulnerable frente a decisiones como la tomada hoy respecto del salario mínimo”.
De acuerdo con estudios del Banco de la República, cada aumento porcentual del salario mínimo, por encima de la inflación y la productividad negativa, podría resultar en la pérdida de aproximadamente 72.000 empleos.
Finalmente, en el comunicado compartido por Fenalco, Cabal destacó que este aumento conllevará mayores costos para el Gobierno. “Se calcula que los costos correspondientes a nómina en el sector oficial aumentarán en 800,000 millones de pesos. Estos recursos provienen de los impuestos que pagamos todos los colombianos”, concluyó el director de Fenalco.
La decisión del Gobierno de aumentar el salario mínimo ha desatado un intenso debate sobre su impacto económico y sus posibles consecuencias en el empleo y la inflación, dejando a la sociedad a la espera de cómo se desenvolverán los acontecimientos en el próximo año.
Los argumentos del Gobierno para aumentar un 12% el salario mínimo
En una declaración reciente, Gustavo Petro afirmó que la diferencia entre la posición del movimiento obrero y la del empresariado en las negociaciones salariales no fue significativa. “No fue mayúscula la separación”, expresó el presidente, señalando que la posición del empresariado, a excepción de Fenalco, estuvo a solo 0,05 décimas de distancia de la propuesta de los trabajadores.
Petro destacó la cifra de desempleo revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) como un respaldo a la decisión de aumentar el salario mínimo en un 16% para el año 2023. Según las cifras del Dane, en noviembre de 2023 la disminución de personas desempleadas fue de casi el 3% con respecto al mismo mes del 2022. Esta estadística, dice Petro, descarta las teorías de que el aumento del salario implica menos empleo. En sus palabras, “el salario real creció aproximadamente seis puntos en Colombia, y esto no tumbó el empleo”.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció que los sindicatos redujeron su solicitud inicial del 18% al 12% en las negociaciones salariales. Esta decisión generó descontento entre algunos líderes sindicales, como Diogenes Orjuela, expresidente de la CUT, quien criticó la bajada del porcentaje sin una consulta previa al Comité Ejecutivo.
Orjuela expresó su preocupación de que este ajuste a la baja en las demandas sindicales pueda facilitar acuerdos similares entre el gobierno y los empresarios. La polémica persiste en torno a la eficacia y las implicaciones de la medida tomada, mientras Colombia se prepara para el nuevo año con perspectivas económicas y laborales que despiertan expectativas.
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