Se aplazó el desalojo del museo de Pablo Escobar: hermano del extinto capo instauró una tutela

El hermano del extinto criminal, alias El Osito, instauró una tutela, por lo que el cierre se realizará hasta enero del próximo año

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Las autoridades allanaron la casa
Las autoridades allanaron la casa museo de Pablo Escobar en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

Aunque en la mañana del jueves 28, paradójicamente en el Día de los Inocentes, se llevó a cabo una diligencia de desalojo del denominado Museo de Pablo Escobar, que se ubica en una lujosa vivienda en el barrio La Asomadera II, en un operativo liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Policía Nacional, el proceso se aplazó para realizarse en enero de 2024, en lo que se puede decir que fue una ‘inocentada’ para las dos instituciones.

El motivo no sería tan claro, aunque según informaron, en exclusiva, en la emisora Blu Radio, Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del que se considera el peor criminal de la historia en Colombia, habría instaurado una acción de tutela y, además, habría expresado su intención de arrendar la casa, que está avaluada en más de 12.000 millones de pesos, ya que aunque reside en el lugar, con algunos de sus familiares, no figura como su propietario.

Sin embargo, en otros medios, como el periódico El Tiempo, señalaron que aunque el jueves se realizó el desalojo, se suspendió por una petición del familiar del capo, aunque reiteraron que ‘Osito’ estaría dispuesto a pagar renta por el lugar.

En la revista Cambio informaron con la misma versión, la de la solicitud del familiar del abatido delincuente, pero agregaron que también tuvo que ver que la diligencia estaba dirigida contra la mujer que figura como propietaria del inmueble, que sería solo una testaferra de Roberto Escobar Gaviria.

De hecho, cuando se desarrolló la intervención de las autoridades, fue necesaria la presencia de miembros de Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) por la negativa del ‘Osito’ y sus familiares de abandonar el lugar.

La diligencia fallida

El millonario inmueble tenía una orden de extinción de dominio vigente ya que estaría siendo parte de un presunto lavado de activos, por lo que SAE iba a tomar posesión del bien, luego de que octubre fuera intervenida por la Fiscalía General de la Nación.

En declaraciones a la revista Semana, dicha entidad reveló que la figura de la propietaria del predio era meramente representativa y no correspondía a la verdadera titularidad.

Posteriormente, la SAE decidió aplazar el procedimiento y anunció que lo retomaría en enero, inicialmente bajo el argumento de que le otorgarían un plazo adicional para que los Escobar extranjera los objetos del museo que, cabe destacar, no estaban incluidos en el proceso de extinción de dominio.

El origen de este proceso sobre el inmueble se remonta al 20 de octubre de 2023, cuando la SAE notificó a la familia del extinto capo su decisión de tomar posesión de la casa, que fue adecuada como un museo por Roberto Escobar, donde exhibía distintas pertenencias que fueron de su hermano.

El lugar, entonces, se convirtió en un sitio de interés para muchos turistas extranjeros, y era administrado por ‘Osito’, quien se encargaba personalmente de relatar la historia ligada al narcotraficante.

La Fiscalía General de la Nación avanzó en la investigación para determinar si la herencia de la propiedad estaba vinculada con actividades del cartel de Medellín. La duda surgió luego de que se identificara que, aunque fue heredada por diversos individuos, una serie de movimientos estratégicos permitieron que en los registros solo figurara una mujer como propietaria.

Durante inspecciones, agentes de la Policía Judicial y la Fiscalía catalogaron en la propiedad una amplia gama de objetos directamente asociados a Escobar, incluyendo fotografías, réplicas de su carriel, figuras de cera, un automóvil de la época y otros artículos personales del narcotraficante fallecido el 2 de diciembre de 1993.

Además, la casa había sido objeto de múltiples revisiones por parte de las autoridades fiscales y fue objeto de una orden de demolición parcial en julio por parte de la Inspección de Policía 9B, argumentando la carencia de autorizaciones para su construcción y apertura al público. Esta orden fue confirmada por información proporcionada por la Alcaldía de Medellín.

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