General (r) Santoyo, ex jefe de seguridad de Álvaro Uribe, tendría un pie afuera de la JEP: por este motivo sería expulsado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó al general (r) de la Policía Nacional Mauricio Santoyo para una audiencia el 21 de marzo de 2024, con el fin de que amplíe su colaboración con la justicia transicional, debido a que las informaciones previamente suministradas al tribunal han sido calificadas de insuficientes en lo concerniente con lo que serían sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De acuerdo con lo que reveló Blu Radio, Santoyo, exjefe de Seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez entre 2022 y 2005 y que fue condenado en Estados Unidos por vínculos con los paramilitares, busca su libertad condicional, aunque se enfrenta en la actualidad a la posibilidad de ser expulsado de la justicia transicional si no aporta datos concretos y detallados sobre las relaciones de poder que sostuvo con altos mandos de esta estructura criminal.

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El general retirado fue requerido previamente por la JEP para detallar su colaboración con esta jurisdicción, aunque los documentos entregados fueron considerados inadecuados debido a la falta de detalle. Además de su condena en Estados Unidos, el exuniformado desempeñó varios cargos de alto perfil en la Policía Nacional y ha sido asociado a casos de desaparición forzada, en señalamientos que, hasta el momento, él ha rechazado.

Sobre todo, en los casos de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, que fueron vistos por última vez el 6 de diciembre de 2001 en Medellín (Antioquia), cuando era comandante del cuerpo de élite antiterrorista.

En su defensa, Santoyo argumentó que su aceptación de cargos se debió a una estrategia legal, sin constituir una admisión de hechos concretos relacionados con su servicio en la Policía o las Autodefensas. Esta posición ha sido cuestionada por los magistrados de la JEP, que le han reiterado la necesidad de sus aportes reveladores para esclarecer los hechos en los que está involucrado y por los que tiene un expediente abierto.

El documento previamente entregado por Santoyo a la jurisdicción especial ha sido objeto de críticas por su carencia de especificaciones y ha despertado sospecha sobre posibles cooptaciones de miembros de alto rango de la Policía por grupos ilegales. Los magistrados subrayan la falta de lógica de procesar a alguien basado solamente en su afiliación institucional, sin tener una evidencia sustancial.

Por ello, las próximas preguntas en la audiencia se enfocarán en posibles ejecuciones extrajudiciales, la naturaleza de la vinculación de Santoyo con las AUC, los incrementos injustificados en su patrimonio y otros miembros de la Policía que potencialmente estarían conectados con paramilitarismo. Con esto, JEP reafirmó su posición de obtener claridad y veracidad en el testimonio del general (r), si no su presencia en la justicia transicional estaría seriamente comprometida.

Y es que, en su caso, exjefes paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, han señalado presuntas alianzas entre las Autodefensas Unidas de Colombia, la Oficina de Envigado y oficiales de la fuerza pública durante 1998 a 2006, e implican a Santoyo en estas cooperaciones. La expectativa hacia la audiencia de aporte a la verdad es alta, toda vez que centra la esperanza de que Santoyo ahonde en información que aclare su papel en estos hechos, relevantes para la construcción de memoria en Colombia.