Pese a las festividades las autoridades nacionales no descansan, así lo demostraron con la más reciente incautación de una embarcación tipo semisumergible que movilizaba más de mil kilos de cocaína con destino a Centroamérica.
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El semisumergible que transportaba 1.678 kilos del narcótico lo tenía distribuido en 76 bultos alrededor de sus casi tres metros de ancho y 17 metros de largo. La estructura que estaría avaluada en un millón de dólares se transportaba por aguas del Pacífico hasta que las autoridades la interceptaron.
La embarcación se encuentra bajo disposición de las autoridades en la Estación Primaria de Guardacostas en el departamento de Nariño. Las autoridades resaltaron que la operación se desarrollo en la implementación del plan Estratégico de Campaña Conjunto ‘Ayacucho’.
El plan estratégico conocido como ‘Ayacucho’ es una estrategia que busca alcanzar los objetivos nacionales en seguridad y defensa. El plan se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: fortalecimiento institucional, modernización operacional, desarrollo humano e interoperabilidad, con el fin de contribuir decisivamente a la construcción de la llamada paz total en el país.
La estrategia se enmarca en un período de seis años de actividad intensiva en el que la modernización de las Fuerzas Militares tomará un papel primordial. El fortalecimiento institucional implica mejorar la estructura y capacidades de la institución, mientras que la modernización operacional se orienta hacia la actualización y adquisición de nuevos equipos y tecnologías.
Qué pasará con el narcótico incautado
En Colombia, la cocaína incautada por las autoridades es sometida a un proceso que comienza con la cadena de custodia por parte de la Policía Nacional o entidades competentes, que posteriormente la presentan ante la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Luego de ser utilizada como evidencia en los procesos legales pertinentes, la droga es destruida en centros especializados de incineración bajo estrictas medidas de seguridad y control ambiental.
Histórica decisión en la lucha contra las drogas
El Consejo Nacional de Estupefacientes ha determinado la reasignación de fondos por un valor de 215.335 millones de pesos para financiar la Política Nacional de Drogas del año 2024. Estos recursos, provenientes de los bienes decomisados al narcotráfico, se dividirán en un 69% para el desarrollo de comunidades rurales con el componente “oxígeno”, y el 31% restante para medidas de “asfixia”, que buscarán erradicar a los altos eslabones de estas redes ilícitas.
La distribución de los recursos se realizará de forma estratégica entre varios ministerios y entidades del gobierno colombiano. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá la asignación más grande con 85.640 millones de pesos, marcando la primera vez que el Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) dirige fondos a este sector. Defensa, Justicia, Salud, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior también serán destinatarios de una parte de este presupuesto, orientado a la seguridad, desarrollo social y rehabilitación de zonas afectadas por conflictos.
Según Gloria Miranda, directora Política de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho, se está realizando un cambio de enfoque respecto a la inversión de los recursos que antes se destinaban en un 70% a factores militares. Ahora se priorizarán las regiones marginadas con presencia de cultivos ilícitos. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE), encargada de la gestión de Frisco, dirigirá los fondos hacia la mejora de áreas como el sector judicial, la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de políticas contra el crimen organizado.
El presupuesto aprobado evidencia un incremento del 16,93% respecto al del año anterior, con un total de 612.490 millones de pesos en gastos. De este, un 25% irá a la Rama Judicial y otro 25% a la Fiscalía, mientras que el Gobierno Nacional administrará un 35%, enfocado principalmente en la reparación de las víctimas del narcotráfico. La aprobación de esta reasignación fue casi unánime, con el respaldo de ocho de los nueve miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes y solo la Procuraduría absteniéndose de votar.
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