La medida, sujeta a un periodo de consulta de cinco días, tiene como objetivo prevenir abusos de posición dominante por parte de generadores y estaría en vigor hasta el 30 de abril de 2024 con posibilidad de ajuste por parte de la Creg.
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El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió en diálogo con El Tiempo, que la medida, de aprobarse, alteraría fundamentalmente el funcionamiento del mercado y representaría un riesgo para el suministro, especialmente para plantas que no operan con carbón.
Castañeda enfatizó que la mayoría de las plantas generan con gas importado, cuyo costo es superior al precio tope propuesto, situando entre 800 y 1.000 pesos por kilovatio hora el costo promedio de la generación con combustibles líquidos o gas natural importado. Esta situación podría generar un problema de abastecimiento durante el periodo crítico del fenómeno de El Niño.
Desde Óptima Consultores, su director, Alejandro Lucio, señaló al medio citado que esta resolución podría forzar la generación hídrica en un momento de escasez de agua, poniendo en peligro las reservas hídricas del paíspaís. Por otro lado, distribuidores de energía como Yulieth Porras, gerente de la Empresa de Energía de Pereira, muestran su apoyo a la medida destacando las prácticas de precios elevados de generadoras hídricas y la necesidad de una regulación que refleje los costos reales de generación.
Para esta resolución y las implicaciones que tendrá sobre el mercado energético y la próxima subasta de Cargo por Confiabilidad, aún se espera el resultado del proceso de consulta y las determinaciones finales de la Creg. El debate subraya la complejidad de equilibrar los intereses en el sector energético ante desafíos como el cambio climático y la seguridad en el suministro de energía.
La Creg actuará preventivamente ante un incremento en los precios de la energía, fruto de una configuración oligopólica del mercado y las fluctuaciones en la generación hidroeléctrica.
En un reciente informe, la entidad expuso que tres compañías controlan el 65% de la capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia y que esto, junto con la variabilidad climática, como los periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño, provoca importantes alteraciones en los precios de energía en la bolsa, perjudicando potencialmente a los consumidores.
Estos ajustes llevan a que los precios de la energía alcancen niveles que exceden “la expectativa” y obligan a la Creg a emplear medidas de supervisión para prevenir el traspaso de precios ineficientes al consumidor.
Además, una alta dependencia de las compras en bolsa y situaciones financieras adversas de algunos comercializadores, agravan el riesgo sistémico, amenazando la continuidad del servicio de energía eléctrica en ciertos mercados.
En términos monetarios, el precio promedio ponderado en noviembre fue de $519,51 por kilovatio hora, representando una caída del 49,35% con respecto al precio promedio del mes anterior, marcado en $1.025,67. Según XM, operador del mercado, este precio resulta de las ofertas de generación diaria, que dependen de múltiples factores incluyendo el tipo de fuente y la disponibilidad de recursos como agua, viento y sol.
La configuración actual del mercado tiene a un personal reducido en la Creg, operando con solo tres de los seis comisionados requeridos nombrados por el presidente Gustavo Petro. Entre ellos, el director ejecutivo Omar Fredy Prieto y los asesores del Ministerio de Minas y Energía, Antonio Jiménez y José Medardo Prieto, ejercen en calidad de encargados.
Las directivas también incluyen a los ministros Andrés Camacho, de Minas y Energía, y Ricardo Bonilla, de Hacienda, además de Jorge Iván González, director del DNP. Juntos, enfrentan el reto de regular un mercado donde el 66% de la capacidad de generación corresponde a plantas hidroeléctricas que en periodos de aportes hídricos normales suplen entre el 70 y 80% de la demanda energética del país, pero cuya contribución puede mermar significativamente durante periodos de sequía.
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