Todo un debate ha surgido en torno a los ceses al fuego temporales que el Gobierno nacional ha firmado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, debido a diferentes secuestros, confinamientos, asesinatos y desplazamientos que se han registrado en el país. Por eso, el viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad, Alberto Lara Lozada, envió un contundente ultimátum a los grupos armados que continúan ejecutando acciones delictivas en contra de la población civil.
“Con respecto al propósito del Gobierno nacional de entregar un país en paz, repetimos las palabras del señor presidente de la República en cuanto a que si los ceses al fuego no protegen de manera efectiva a nuestras comunidades, a nuestros líderes y lideresas, esos ceses al fuego no son posibles, no deben ser”, dijo Lara Lozada en un espacio de rendición de cuentas.
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Exigió que se deje de reclutar menores, secuestrar, afectar escuelas, sembrar minas antipersonales, generar desplazamientos forzados y confinamiento. Aseguró que pueden atender la “mano generosa” del Gobierno, pero respetando los derechos de la ciudadanía.
El ELN y los secuestros
En su momento, el comandante del ELN, Antonio García, se negó a suspender la práctica del secuestro debido a que es una forma de financiación del grupo armado. Además, aseguró que no tiene personas secuestradas, sino “retenidas” y “prisioneras”. No obstante, el domingo 17 de diciembre concluyó el quinto ciclo de las negociaciones de paz y el grupo guerrillero se comprometió a abandonar este delito.
De acuerdo con el cabecilla de la guerrilla, no es verdad que tengan a 38 personas en cautiverio, pero que se adelantarán todos los procesos para que su liberación sea pronta. El anuncio pareciera ser una gran noticia para avanzar en las conversaciones, pero para algunos genera dudas. Así lo manifestó la representante a la Cámara Marelen Castillo.
El secuestro no es el único método de financiación
Durante su intervención, el viceministro indicó que las organizaciones delincuenciales del país tienen diferentes métodos de financiación, entre ellos, la minería ilegal. Por eso, desde el Ministerio de Defensa han adelantado diversas acciones para impactar estas economías ilícitas, como la minería ilegal. “Durante este año, hemos intervenido 3.442 yacimientos ilegales, es decir, 11.87 más que en 2022, con especial énfasis en la Amazonía y en el bajo Cauca”, detalló Lara Lozada.
En estos procedimientos también se logró la incautación de maquinaria sumamente agresiva con el medio ambiente. Este ali fueron incautadas y destruidas 56 unidades dragas tipo dragón utilizadas para la minería ilegal. Esto representa un incremento operacional importante en comparación con 2022, cuando fueron decomisadas apenas siete unidades.
Por su parte, también reveló los resultados conseguidos en la lucha contra el narcotráfico, que también se presenta como una economía de los grupos delincuenciales. A la fecha, se han incautado 697 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento del 13% con respecto a 2022. Asimismo, fueron destruidos 219 laboratorios para el procesamiento de este estupefaciente, es decir, 40 más que en 2022.
Con respecto a los homicidios, precisó que hubo una reducción significativa en varios departamentos: se registró una disminución del 57% en asesinatos en Arauca, 28% en Córdoba, 23% en Chocó, 15% en Nariño, 13% en Casanare, 9.7% en Antioquia, 8% en Meta y 7% en Cauca.
No obstante, el actuar de grupos armados y otras organizaciones delincuenciales sigue dejando un saldo alto de víctimas. Pues, de acuerdo con cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), ya se han registrado 92 masacres en el país en lo corrido de 2023, 183 líderes y lideresas sociales han sido asesinados y 42 firmantes de paz han sido víctimas de homicidio.
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