
Durante la madrugada del 6 de diciembre, agentes del CAI Galán reportaron el robo de material con cobre y varios radiadores de vehículos en una bodega comercial ubicada en la localidad de Puente Aranda.
La Policía brindó apoyo a las víctimas para presentar la denuncia correspondiente, iniciando así la recolección de evidencia mediante investigaciones en la zona y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad.
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Pasaron diez días y las víctimas fueron contactadas por parte de un individuo anónimo que afirmaba tener en su poder los bienes robados. El sujeto les propuso devolvérselos a cambio de una considerable cantidad de dinero. Con lo que no contaba esa persona, es que las víctimas le informarían a la Policía Nacional de esa llamada.
De tal manera que tras acordar un encuentro con el presunto vendedor anónimo, el cuadrante de Policía, junto con unidades investigativas, desplegó un operativo que permitió localizar al individuo, que se encontraba dentro de un comercio situado en la misma jurisdicción del robo, intentando vender los artículos hurtados.
Durante la inspección del establecimiento, se recuperaron 88 radiadores de aluminio y 46 tubos para su fabricación, valorados en 225 millones de pesos y marcados con las inscripciones de los denunciantes. Este hallazgo llevó a que el hombre fuera puesto a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de receptación.

“Gracias a la denuncia y al trabajo articulado de nuestras autoridades se logra la recuperación de esta mercancía y la judicialización de esta persona, que estaba en estos momentos tratando de comercializar estos elementos hurtados”, comentó el teniente coronel Carlos Antonio Ardina Quintero, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Simulando ser miembros de la Policía Nacional, robaban importantes cantidades de dinero en residencias

En otro hecho delictivo descubierto en Bogotá por la Policía, tras doce meses de investigaciones, se logró desarticular, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, la banda criminal conocida como los ‘Guaqueros’, dedicada al robo de residencias.
La banda se hacía pasar por miembros de la Policía Nacional y del CTI, portando vestimentas oficiales para ingresar a las propiedades y, una vez adentro, sometían a los residentes con armas de fuego para robar dinero y bienes valiosos. La operación ilícita de este grupo produjo ganancias no legítimas que ascendieron a la suma total de 373 millones de pesos.
La oportuna recolección de datos por parte de los detectives reveló que los delincuentes fingían ser funcionarios públicos ficticios, como agentes de la Policía y del CTI, para ganarse la confianza de sus víctimas. Utilizaban órdenes de allanamiento falsificadas para ingresar a los domicilios y, una vez dentro, empuñaban armas de fuego con el fin de amedrentar a los habitantes y sustraer sus pertenencias.
Se ha identificado la participación de este grupo criminal en al menos seis hechos delictivos, entre ellos un robo ocurrido el 6 de junio en una casa del barrio La Florida, en Engativá, evento que fue captado por cámaras de seguridad:
La organización criminal operaba en las localidades bogotanas de Usme, Tunjuelito, Engativá y Santa Fe, y su alcance se extendía hasta los municipios de Cajicá y Chía, en el departamento de Cundinamarca. Además, se registraron acciones delictivas atribuidas a este grupo en Rionegro, ubicado en el departamento de Antioquia.
En la estructura de este grupo delictivo, se distingue una mujer conocida por el alias de ‘La Fiscal’, quien sostiene un vínculo afectivo con otro integrante de la organización. Juntos, tenían la responsabilidad de delegar roles específicos a cada miembro durante la realización de los crímenes.
Se ejecutaron cuatro operaciones de registro y allanamiento, las cuales culminaron con la materialización de cinco órdenes de arresto.
En el transcurso de los operativos se decomisaron dos armas de fogueo, 41 cartuchos de 5.56 milímetros para fusil, 31 cartuchos de fogueo de 9 milímetros, 44 cartuchos para armas traumáticas, una chaqueta de la policía con su respectivo número de identificación, un documento de identidad judicial, 124 piezas de joyería presumiblemente propiedad de las víctimas, cinco teléfonos móviles con potencial evidencia de actividades delictivas y 300 gramos de sustancias prohibidas.

Al recabar información de los arrestados, se constató que cada integrante de la banda cuenta con historial delictivo que incluye cargos por delitos de hurto calificado, concierto para delinquir, secuestro simple, extorsión e inasistencia alimentaria.

Finalmente, los cinco criminales fueron entregados a la autoridad competente, enfrentando acusaciones por hurto calificado y agravado. Cuatro de ellos recibieron medida preventiva de prisión en un centro penitenciario.
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