Nicolás Petro declarará ante la Comisión de Acusación el próximo año para hablar de la financiación de la candidatura de su papá

Nicolás Petro fue citado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el próximo martes 30 de enero de 2024. El exdiputado del Atlántico deberá testificar en el marco de una investigación preliminar que enfrenta su padre, Gustavo Petro, presidente de la República.

Según confirmó La W está previsto que Nicolás Petro proporcione detalles acerca de la presunta financiación irregular de la campaña presidencial que llevó al poder a su progenitor.

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En anteriores declaraciones, Nicolás Petro señaló a individuos como Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’, y al hijo del empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, actualmente bajo investigación por vínculos con el paramilitarismo, como posibles contribuyentes de grandes sumas de dinero a la campaña.

Estos comentarios se dieron en medio de un proceso de colaboración fallido con la Fiscalía General de la Nación, donde el exdiputado esgrimía estas acusaciones de financiamiento ilícito. La citación se orienta a esclarecer estas afirmaciones y entender la implicación que dichos fondos podrían tener en la integridad de la campaña de Gustavo Petro.

Los alegatos contra Gustavo Petro han generado múltiples reacciones en la política nacional y son parte de una investigación más amplia en torno a la legitimidad de los recursos empleados durante su camino a la presidencia. La Comisión de Acusación, encargada de esta indagación preliminar, busca determinar el origen de los fondos y si estos pudieron haber infringido la normativa electoral del país. La diligencia de enero del año siguiente se anticipa como un momento clave para aclarar estas dudas y avanzar en el caso.

El contexto de estas imputaciones se inserta en un panorama más amplio de escrutinio al financiamiento político en Colombia, donde la transparencia de las campañas presidenciales y otras elecciones se ha convertido en motivo de preocupación pública y debate legislativo. Con la citación de Nicolás Petro, tanto la opinión pública como las autoridades esperan obtener información concreta y relevante que permita discernir la veracidad y profundidad de las acusaciones vertidas en el proceso judicial en curso.

La investigación de Petro

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ha iniciado una investigación para determinar si el presidente del país, Gustavo Petro, tuvo conocimiento de los aportes económicos cuestionados que podrían haber ingresado en su campaña. Esta acción se basa en acusaciones previas presentadas por Daysuris Vásquez, exnuera del mandatario. La pesquisa busca clarificar si los fondos se recibieron y si existe responsabilidad por parte del presidente en este asunto.

La investigación actualmente está a cargo de los representantes Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U. Sin embargo, se ha abierto una nueva línea de investigación bajo el liderazgo del representante conservador Wadith Manzur. Esta se origina tras el escándalo que impactó a la campaña presidencial, marcando la primera actuación formal por parte de la Comisión de Acusación en este caso.

Los trabajos de la Comisión constituyen un elemento crítico en el proceso de vigilancia y control sobre las acciones del ejecutivo en Colombia. La importancia de esta indagación radica en la necesidad de mantener la transparencia y legitimidad de los procesos democráticos del país. El avance de esta investigación se seguirá de cerca para determinar posibles implicaciones para el presidente Petro y los entes políticos relacionados.

Los detalles sobre cómo se desarrollará la investigación y la metodología que implementará el representante Wadith Manzur y su equipo para rastrear los fondos y validar las acusaciones, aún no se han divulgado públicamente. Es esperable que los resultados de estas indagaciones tengan una influencia significativa en el clima político colombiano, marcando un precedente en la forma en que se abordan supuestas irregularidades en financiamiento de campañas políticas.