La reforma de la salud, que recientemente termino de ser discutida en la Cámara de Representantes, no llegará al Senado para su consideración durante lo que queda del año 2023. Lo anterior se debe a que la iniciativa, que fue aprobada el 5 de diciembre, no se presentará ante el Senado el 19 de diciembre, el tiempo mínimo de 15 días establecido por la Ley 5. El periodo de sesiones ordinarias del Congreso finaliza constitucionalmente el 16 de diciembre, antes de que se cumpla el plazo necesario para el traspaso entre corporaciones.
El articulo 183 de la Ley 5 de 1992 establece que una vez aprobado “un proyecto de ley por una de las Cámaras (la Cámara de Representantes), su Presidente lo remitirá, con los antecedentes del mismo y con los documentos producidos en su tramitación, al Presidente de la otra Cámara (es decir al Senado). Entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir, por lo menos, quince (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en sesión conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá presentarse la simultaneidad del segundo debate en cada una de las Cámaras”.
En consecuencia, este retraso implica que los trámites del proyecto de reforma de la salud se iniciarán durante las sesiones ordinarias en el año 2024. Siguiendo los cambios introducidos por el acto legislativo que alteró los periodos de sesiones, la actividad legislativa comenzará un mes antes de la fecha habitual; es decir, a partir del 16 de febrero. Una de las primeras tareas será la selección del ponente del proyecto y, hasta el momento, hay incertidumbre respecto a quién liderará esta parte del procedimiento legislativo.
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Las sesiones ordinarias y los procedimientos legislativos siguen un calendario estricto que afecta la implementación y discusión de las leyes en Colombia. La situación actual destaca la importancia de la cronología en el proceso legislativo y pone de manifiesto la necesidad de una planificación y coordinación efectivas para garantizar que las iniciativas importantes, como la reforma de la salud, se examinen oportunamente.
Por el momento, se espera que durante el receso la opinión pública y los expertos de la salud sigan debatiendo activamente tanto el contenido como el impacto potencial de la reforma, preparando el terreno para su discusión en febrero del próximo año. El análisis y comentario sobre la reforma no solo es importante para el sector salud, sino para todos los colombianos, puesto que puede tener implicaciones significativas en la cobertura y calidad del sistema de salud del país.
El Pacto Histórico cuenta con tres votos seguros para la reforma propuesta, representados por los senadores Martha Peralta, Wilson Arias y Piedad Córdoba. Un cuarto voto favorable podría venir de Fabián Díaz, miembro de los verdes, tradicionalmente aliado al Gobierno. Se anticipa además que Polivio Rosales, de Aico, también apoyaría el proyecto de ley. No obstante, existe una firme resistencia por parte de las fuerzas conservadoras, con cuatro votos en contra provenientes de dos senadores conservadores y dos del Centro Democrático.
La postura de los senadores conservadores podría ser crucial, aunque para modificar su rechazo actual necesitarían convocar una reunión de bancada, ya que existe una directiva clara en contra del apoyo a la reforma. No obstante, fuentes cercanas al proceso legislativo consideran “muy poco probable” que este cambio de posición se materialice.
El éxito de la reforma depende en gran medida del voto de ciertos legisladores aún indecisos. Entre ellos están Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal; Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres; Sor Berenice Bedoya, de ASI; y Ana Paola Agudelo, del Mira. Convencer a estos senadores se ha convertido en un punto focal para los promotores de la reforma.
Es importante notar que, en el panorama legislativo colombiano, las alianzas y posicionamientos pueden ser factores determinantes para el avance o bloqueo de iniciativas legislativas. Las decisiones y debates continúan en el contexto de un escenario político complejo, donde las estrategias de negociación desempeñan un papel esencial en la viabilidad de las reformas propuestas.
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