El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó detalles del decreto presentado por el Gobierno, que busca transitar a economías lícitas los cultivos de hoja de coca que, durante 2022, ocuparon más 230.000 hectáreas, de acuerdo con el reporte Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
En la entrevista concedida a W Radio, el ministro aseguró que se busca poner a funcionar “unas normas que están expedidas desde hace 40 y 50 años”, en las que permiten el uso de la hoja de coca para uso industrial, medicinal y hasta científico.
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Entre las propuestas, según el ministro, está la autorización de licencias que permitan que un campesino que se dedica al cultivo ilícito de la coca, transite a la economía legal, conllevando una estricta supervisión del Estado:
Justamente, depende de la vigilancia del Estado que el uso de la planta de coca sea como lo exigiría la ley y no se convierta en una problemática de producción y consumo de sustancias psicoactivas:
El ministro reconoció que actualmente existe una norma sobre la regulación de la hoja de coca, pero enfatizó en que esta aplica solamente al uso ancestral de las comunidades indígenas; en cambio, este decreto abarcaría los cultivos que actualmente funcionan ilícitamente, y que en la mayoría de casos, lo conforman campesinos que han creado una forma de sustento con las plantaciones ilegales
“La regulación de coca y amapola hasta el momento es prohibitiva y solo se permite el uso dentro de resguardos Indígenas, que es apenas una parte de lo que se cultiva en el país. Por supuesto que el cultivo de los resguardos indígenas con prácticas ancestrales es una práctica lícita que no se toca, pero también esos otros productos industriales, como comestibles, fertilizantes, se tienen que producir hoy en día por esa restricción legal, dentro de cultivos de resguardos Indígenas. Esa prohibición ya no estaría. Hay un tipo de regulación sobre cannabis, pero sobre coca y amapola, esta es la primera regulación”, recalcó el ministro al medio citado.
El ministro enfatizó en la prohibición y persecución rigurosa de la producción de cocaína, destacando la responsabilidad del Ministerio de Defensa, jueces y Fiscalía. Subrayó la oportunidad que se genera a aquellos que elijan actividades económicas legítimas, mientras que la persecución penal persistirá para quienes no lo hagan.
A propósito, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, calificó el borrador del decreto como un “proyecto de ley para beneficiar toda la cadena productiva del narcotráfico”.
A las declaraciones del fiscal, el ministro Osuna aclaró los fines del polémico decreto: “Eso está contenido en normas internacionales e internas que tienen 40 y 50 años, y que nunca se habían desarrollado (...) A partir de ahora, si el decreto se expide, porque primero se publica para recibir comentarios, una entidad pública, en asocio con las comunidades, podrá solicitar una licencia para fabricar plástico, fertilizante, comestibles, pinturas, que son todos productos que se pueden hacer con hoja de coca, cosas semejantes con amapola”, puntualizó.
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