Durante el segundo día de la audiencia de seguimiento de medidas cautelares para proteger víctimas de desaparición forzada en 36 cementerios del Eje Cafetero y el Magdalena Medio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió abrir un incidente de desacato a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, por su ausencia en esta diligencia.
Dicha audiencia de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se lleva a cabo desde el 28 de noviembre en Armenia, Quindío.
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La decisión también aplica para el funcionario delegado, William Hernández Arias, que tampoco asistió a la audiencia de seguimiento. Los funcionarios estaban citados y obligados a comparecer durante los dos días de la diligencia que adelanta la jurisdicción de paz.
De acuerdo con la magistrada del Tribunal Especial de la JEP, Reinere de los Ángeles Jaramillo, la ausencia Roldán y Hernández Arias es una “falta de consideración” para con las víctimas y sus familiares:
“Atendiendo a esa falta de consideración, no solo con esta administración de justicia, sino para con las víctimas de la Gobernación del Valle del Cauca, se decidió abrir este incidente de desacato. Es, por tanto, que ante el evidente incumplimiento de la orden emitida a través del auto AT250 de 2023 se decide por auto AT 474 del 29 de noviembre de 2023 abrir incidente de medidas correccionales a la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y al funcionario por ella delegada, William Hernández Arias, para que en el término de 5 días ejerzan su derecho a la defensa, e informen todas y cada una de las razones por las que no están aquí presentes respetando el derecho de las víctimas, atendiendo a la citación de la magistratura y entregando la información que se les había requerido con suficiente antelación”, dijo la togada en la audiencia.
Medidas cautelares a cementerios del Eje Cafetero y el Magdalena Medio
Al término de la audiencia de seguimiento, la JEP ordenó que se preserven las medidas cautelares los sobre 16 cementerios ubicados en Risaralda, 11 en Quindío y 6 en Caldas. Así mismo, otros tres en dos municipios de Antioquia (2 en Puerto Berrío y 1 en Puerto Triunfo), además de isla de La Tortura.
La decisión de interponer medidas cautelares sobre estos campos santos se tomó porque en estos lugares no se cumplían con los parámetros técnicos para custodiar los cuerpos de personas no identificadas, los cuales podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzadas, y que, en muchos casos, fueron trasladados a osarios colectivos.
En la audiencia también se presentó la guía de abordaje forense para osarios, que diseñó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y ordenó a esta entidad llevar a cabo la intervención al osario colectivo del cementerio San Agustín de Samaná, Caldas.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) estima en alrededor de 2.176 las personas desaparecidas en Caldas, 1.048 en Risaralda y 418 en Quindío.
A noviembre de 2023, la UIA, la UBPD y la Fiscalía General de la Nación han exhumado 381 cuerpos de los 36 cementerios protegidos, de los cuales diez han sido identificados y entregados dignamente a sus familiares.
Para el proceso de identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas, la JEP hará seguimiento a la realización de jornadas masivas interinstitucionales ordenadas en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá.
Su objetivo es recaudar la suficiente información de contexto que permita ubicar familiares de diversas zonas del país que puedan tener relación con las presuntas víctimas recuperadas en los cementerios y para la realización de tomas masivas de muestras de ADN.
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