Además de la misiva que envió la Procuraduría General de la Nación al nuevo comisionado para la Paz, Otty Patiño, cuyo propósito es que se le dé celeridad a la liberación de todos los ciudadanos que están secuestrados por el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos, Javier Sarmiento, también le solicitó acciones concretas al Gobierno para cumplir dicho propósito.
“El mundo miró con preocupación y desdén a nuestro país, debido al secuestro de Manuel Díaz, padre del reconocido futbolista Luis Díaz. Frente a este secuestro, vimos cómo el Gobierno Nacional desplegó todas sus capacidades (...) para obtener la liberación de este ciudadano colombiano”, dice el comunicado.
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En la carta a Patiño, enviada el pasado 24 de noviembre, la entidad de control ya había señalado algo parecido, pues el Ministerio Público enfatizó que no hay secuestrados de primera categoría: ”El ente de control solicita que se desplieguen las mismas gestiones y acciones para que ese grupo (el ELN) informe sobre las personas que haya secuestrado y las libere de manera inmediata”.
El presidente Gustavo Petro respondió al llamado de la Procuraduría a través de su cuenta oficial de X, asegurando que el Gobierno está comprometido en la búsqueda de la liberación de todos los secuestrados, así como con “la extinción de esa práctica delictiva en Colombia”.
Según cifras proporcionadas por el Ministerio Público, el número de secuestros atribuidos al ELN en 2023 ha superado la cifra de 30 casos. Uno de los más destacados es el secuestro de Fabián Arias, un empresario en Ocaña, Norte de Santander, cuya familia exige al Gobierno un trato similar al otorgado a Luis Manuel Díaz.
Este tema se espera que sea central en el próximo ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno y el ELN, que se reanudará en México a partir del jueves 30 de noviembre. Además, se ha propuesto la discusión sobre formas de financiamiento para el ELN durante las conversaciones de paz, tema que ha generado controversia.
Negociadores que hacen parte de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN han expresado en diferentes ocasiones que el secuestro debe cesar para poder continuar de forma exitosa con las negociaciones de paz. Es el caso de José Félix Lafaurie, quien expresó en una publicación en X:
“Si la preocupación del ELN es la participación de la sociedad en la construcción de democracia, la persistencia en el secuestro es incoherente. Como lo he reiterado, una sociedad bajo el temor del secuestro y la extorsión, nunca participará libremente”.
Otty Patiño, líder negociador y ahora comisionado de Paz e Iván Cepeda se han sumado a esta petición. No obstante, el ELN no se ha pronunciado sobre parar los secuestros ad portas de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones.
Aumentó el secuestro en Colombia en el 2023
Según datos del informe de Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultado Operaciones, realizado por el Ministerio de Defensa, en los últimos diez años, este 2023 ha sido el de mayor número de secuestros registrados durante los primeros diez meses.
A octubre de este año, se han reportado 286 casos de secuestro; el 2013 es el siguiente año con más casos: fueron 259. Esta cifra muestra un aumento de más del 70% con respecto al 2022, cuando los reportes fueron de 166 en el mismo periodo (de enero a octubre).
La Defensoría del Pueblo ya había alertado sobre esta problemática desde que inició el segundo semestre de 2023. De acuerdo a esta entidad, los departamentos más afectados eran Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
“El aumento de los secuestros nos quiere poner en jaque, su recurrencia en esos territorios son dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, aseguró Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez había mencionado que la mayoría de estos hechos habían sido perpetrados por el ELN, seguido por las disidencias de las Farc y, luego, por diferentes grupos armados organizados.
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