La Procuraduría General de la Nación dio a conocer en la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2023 una nueva sanción contra un exfuncionario público que habría incurrido en celebración de contratos con una persona que, al parecer, habría estado inhabilitada en el momento en el que se registraron los hechos.
Los sindicados fueron el exgobernador de Amazonas Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y la exsecretaria de Educación Betsy Londoño Becerra, que habrían infringido la ley haciendo uso de sus respectivos cargos.
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Por tal motivo, según dio a conocer el órgano de control, el exgobernador deberá hacer el pago de salarios devengados por $87.243.903, por “transgredir el régimen de inhabilidades”. En el caso de Londoño Becerra, la mujer deberá hacer el desembolso de $53.208 millones por haber incurrido en la misma situación.
Y es que en hechos registrados en 2016, Carebilla Cuéllar habría suscrito un contrato de prestación de servicios con Joaquín Andrés Segura Samudio. El problema radicó en que el vinculado es hermano de Edwin Segura Samudio, que ejercía como director de Ciencia, Tecnología e innovación de la Gobernación de Amazonas. Por tal situación, el beneficiario del convenio se encontraba inhabilitado.
No obstante, este no representaría el único caso en el que se habrían infringido las leyes en medio de esa administración. La entidad acotó que en enero de 2017 la exsecretaria de Educación Betsy Londoño Becerra —que para ese momento también ejercía como gobernadora designada— estuvo detrás de la contratación de Joaquín Andrés Segura Samudio, misma persona implicada en el caso del exgobernador Carebilla Cuéllar.
Precisamente, un familiar de Samudio ejercía un cargo de asesor del despacho, razón por la cual aún permanecía inhabilitado para vincularse contractualmente con la Gobernación del Amazonas.
Abarcando la gravedad de lo sucedido, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 consideró que los hechos protagonizados por ambos funcionarios incurrían en faltas gravísimas, a título de culpa grave, por “vulnerar el principio de moralidad administrativa”.
Manuel Antonio Carebilla Cuéllar ya había sido condenado a 14 años de cárcel
Este caso no representa la única “deuda” que mantiene vigente el exgobernador del Amazonas Manuel Antonio Carebilla Cuéllar con la justicia colombiana.
La Corte Suprema de Justicia dio a conocer a comienzos de noviembre de 2017 que Carebilla Cuéllar fue condenado a 14 años de cárcel por haber estado presuntamente vinculado en hechos de corrupción en medio de su periodo como representante a la Cámara, entre 2006 y 2014.
Sobre el exgobernador recayeron señalamientos por presuntamente haber sacado provecho de personas que se estaban cerca de pensionarse, así como de algunos de sus empleados, cuyos sueldos habrían sido utilizados para financiar campañas locales y otros asuntos personales de él.
Por tal motivo, Carebilla Cuéllar fue detenido en abril de 2016, razón por la cual tuvo que abandonar su puesto como gobernador de Amazonas en ese entonces.
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