La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento en los casos de reclutamiento de menores en Colombia. En 2023 han documentado 166 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, aclara la entidad defensora de derechos humanos, que hay un subregistro grande debido al silencio de las familias.
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Razón de lo anterior, es que los familiares de la población reclutada temen ser víctimas de hechos como desplazamientos, amenazas y, en el peor de los casos, asesinatos, todo ejercido por los grupos armados ilegales.
“Persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75% de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
De los casos reportados, el 59,6% corresponde a niños y adolescentes y el 40,3%, a niñas y adolescentes, lo cual indica una “afectación diferencial por condiciones de género”, según manifestó Camargo Assis.
A través de la herramienta conocida como ‘Botón de registro de casos’, la entidad logró establecer que los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca, con 124; Nariño, con 9; Arauca y Putumayo, cada uno con 6, y Caquetá, con 5 casos.
Por su parte, los departamentos de frontera y con alto flujo migratorio también se ven afectados por este fenómeno, a ello se suma el control territorial y social que ejercen los actores armados, lo cual hace más difícil que familias, lideresas y líderes sociales y sociedad en general denuncien.
En 2023, la Defensoría del Pueblo ha emitido 35 Alertas Tempranas. De estas, 29 están relacionadas con riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
La última alerta fue emitida el 21 de octubre de 2023, cuando la entidad anunció que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido a 134 años que han sido liberados de las estructuras criminales.
Debido a la situación alarmante, la Procuraduría General de la Nación le pidió al presidente Gustavo Petro, que tome medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran estado de vulneración ante los actos de los grupos criminales, además, invitó a trabajar en políticas de prevención del reclutamiento.
“El órgano de control insistió al Gobierno nacional la urgencia de materializar la política pública de prevención de reclutamiento, así como en la premura de contar con bases de datos que logren la identificación de la totalidad menores de edad que han sido reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del ICBF, lo que permitiría desarrollar e implementar acciones urgentes eficientes para la prevención temprana y de protección, que logren disminuir los factores de riesgo, transformar los entornos de protección y la reducción de todas las formas de violencia”, indicó el Ministerio Público.
Desde 2021, cuando la Defensoría habilitó el ‘Botón de registro’, ha sido reportado un total de 344 casos, de los cuales el 48% corresponde a 2023; es decir, la entidad determinó que ha habido un aumento proporcional del delito.
Facciones disidentes de las Farc registran el mayor número de casos de reclutamiento, con el 91,1%; les siguen el ELN, con el 7%; otros grupos armados ilegales, con el 1,3% y los grupos posdesmovilización como el Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido también como Los Caparros, con el 0,6%.
“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, señaló el defensor del Pueblo.
“A la institucionalidad, le solicitamos fortalecer los entornos protectores y generar estrategias que permitan prevenir esta grave violación a los derechos humanos”, concluyó Carlos Camargo Assis.
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