En un desgarrador suceso que ha sacudido los cimientos del tranquilo municipio de Mutatá, Antioquia, seis miembros de la Policía Nacional enfrentan acusaciones graves que oscilan entre secuestro, hurto y extorsión.
La Fiscalía General de la Nación ha desentrañado una trama de corrupción que implica a estos uniformados, quienes presuntamente coaccionaron a un comerciante exigiéndole una suma de 50 millones de pesos para eludir una supuesta orden de captura.
El relato de la fiscal especializada arroja luz sobre los acontecimientos de la fatídica noche del 27 de febrero de este año, cuando los uniformados, armados y vestidos con los uniformes distintivos de la Policía Nacional irrumpieron en la residencia del comerciante en Mutatá, manteniéndolo a él y a su esposa en su poder.
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Además, se revela que no solo se embolsaron un millón de pesos en efectivo, sino que también pactaron la entrega posterior de 4 millones de pesos, luego de retener a la víctima y a su esposa por varios minutos.
A medida que la Policía Judicial profundizó en la investigación, emergieron detalles aún más inquietantes: los presuntos delincuentes, además de perpetrar los actos ilícitos mencionados, se hicieron con un reloj valuado en 680.000 pesos y utilizaron de manera personal vehículos previamente incautados en otras investigaciones penales.
Con la gravedad de estas revelaciones, la Fiscalía tomó medidas, solicitando encarcelamiento para los implicados, incluyendo al subintendente Jackson Córdoba Hinestroza y a los patrulleros John Fredy Aguilar Sánchez, Víctor Palacio Mosquera, Luis Sair Hernández Machado, Royer Sebastián Monroy Pulido y Luis Guillermo Garcés Pineda.
A pesar de las acusaciones que pesan sobre ellos, el juez de control de garantías tomó una decisión que sorprendió a muchos: otorgar una medida de arresto domiciliario. Argumentó que, según la ley, no representan un peligro para la investigación y han demostrado disposición a colaborar con la Fiscalía.
A pesar de la decisión, inmediatamente, se apeló la decisión del juez, llevando el caso ante la segunda instancia. Ahora, la mirada está puesta en los jueces de la instancia superior, quienes deberán decidir el destino de estos agentes ien un turbio episodio de corrupción policial que ha dejado a la comunidad de Mutatá atónita y exigiendo respuestas contundentes.
Nueve policías acusados de torturar y asesinar a dos personas
El 11 de octubre, tras la imputación de nueve uniformados de la Policía por retención ilegal, tortura y homicidio de Janiner Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los procesados, entre ellos el capitán Luis Alberto Regino Garnautt y el capitán Rafael Reinaldo Peña Carranza, enfrentan graves cargos, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía reveló que, antes del crimen, los uniformados desplegaron actuaciones irregulares desde el 29 de junio de 2022, cuando se reportó un atentado en Betulia (Sucre). Cuatro de ellos vigilaban sin orden judicial la residencia de las víctimas, interceptando ilícitamente comunicaciones para conocer sus movimientos.
El fiscal destacó en la audiencia que la investigación se enfocaba en sujetos no relacionados con alias Coyón, sugiriendo un propósito engañoso. El 30 de junio, ocho uniformados del Gaula se trasladaron a la terminal de Sincelejo, detuvieron el bus de las víctimas y, con argumentos falsos, obligaron a bajar a la mujer.
Posteriormente, en San Onofre, Janiner Ruiz Algueta y Jorge Juan Gil fueron retenidos, trasladados en carros oficiales hacia Lorica y, presuntamente, sometidos a golpizas y disparos hasta la muerte.
Durante la audiencia de imputación, se reveló que los uniformados alteraron placas y buscaron esconder los cuerpos en un basurero, intentando ocultar pruebas de sus seguimientos irregulares con la intención de asesinar a las víctimas.
Los delitos imputados incluyen homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones y peculado por uso, entre otros. Los líderes del Gaula Sucre, Regino Garnautt y Peña Carranza, enfrentan cargos adicionales por fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego. Mientras que el resto de los uniformados afronta diversas acusaciones relacionadas con los crímenes cometidos.
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