En Colombia, la Ley 1010 del 2006 estableció que acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador “por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.
En los últimos meses ha causado polémica el caso de presunto acoso laboral en el Ministerio de Ciencias y Tecnología, donde varios funcionarios han denunciado sobrecarga laboral y deficiente distribución de funciones, al punto de que varios de ellos han renunciado e, incluso, una de las personas afectadas habría fallecido a causa de estrés.
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Ahora, un nuevo caso de presunto acoso laboral en otra entidad del Estado ha salido a la luz pública. La Asociación Sindical Asoness emitió una declaración en la que identificó una serie de asuntos críticos relacionados con el ambiente laboral y otras problemáticas misionales en el Ministerio de Salud y Protección Social.
Mediante una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el grupo sindicalista expuso lo referido por funcionarios del Ministerio, tanto sindicalizados como no sindicalizados, que se desempeñan en diferentes áreas de la entidad estatal.
Varios de los empleados del Ministerio de Salud denunciaron casos de maltrato verbal y acoso laboral que se han presentado al interior de la entidad.
La misiva expone, por ejemplo, que algunos miembros del personal que tienen contratos por prestación de servicios han renunciado “por las continuas presiones”.
Asoness señaló que algunos directivos del Ministerio de Salud han presionado a funcionarios para obtener resultados. Según la carta, esto se combina con la falta de planeación y con el incumplimiento de los procedimientos del despacho, lo que a su vez genera un ambiente hostil entre quienes advierten estas irregularidades, quienes están sometidos a cumplir tales instrucciones y los directivos que exigen su cumplimiento.
También afirman que en varias ocasiones se ha violado el derecho de desconexión laboral de algunos funcionarios, y destacan que no se estaría contratando al personal idóneo para cumplir con las funciones del Ministerio:
“La mayoría de servidores públicos de carrera, provisionales o que bajo cualquier modalidad venían ya laborando en la Entidad, se sienten encasillados o no aceptados”. De acuerdo con la carta del sindicato, se ha desconocido la experiencia de estos funcionarios “con el argumento de no compartir el cambio”.
De igual manera, se denunció que las calificaciones semestrales no se basan en evidencias adecuadas y que los funcionarios recibieron calificaciones por debajo del promedio sin justificación. Esto causó preocupación y frustración entre los empleados.
Finalmente, aseguraron desde el sindicato que persiste la inconformidad frente a las “descalificadoras y amenazantes expresiones” del señor Gonzalo Parra González, secretario General del Ministerio. De acuerdo con los denunciantes, desde que se interpuso un PQR por estos hechos, el secretario manifestó que los funcionarios son “muy sensibles” y no se ha dado solución de fondo al asunto.
La Asociación Sindical Asoness solicitó una reunión con el Ministerio de Salud y Protección Social con el propósito de abordar estos problemas y buscar soluciones que beneficien tanto al desempeño institucional como al clima laboral.
“Visto lo anterior, es evidente que existe una brecha significativa en la comunicación entre la alta dirección y la base de la organización, entre otras razones debido a que las vías de diálogo se han visto obstaculizadas, y sentimos que se percibe a quienes venimos trabajando en esta entidad desde gobiernos anteriores como ‘enemigos internos’, lo que ha resultado en desorden, falta de planificación, falta de comprensión sobre las tareas asignadas y sus objetivos, así como una ausencia de reconocimiento del trabajo realizado por los funcionarios de este Ministerio y el conocimiento acumulado que hay en la institución, que en sus bases es una organización técnica y no política”, se lee en la carta enviada al ministro Jaramillo.
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