
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un nuevo informe sobre la situación humanitaria en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander).
La organización evidenció que hubo un deterioro en la crisis humanitaria en dicha zona, que concentra el 81% de la población afectada por la violencia y el conflicto armado en el departamento.
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De acuerdo con la Ocha, entre enero y septiembre de 2023,1.638 personas han resultado afectadas por hechos de violencia tales como desplazamientos forzados, amenazas, homicidios selectivos, la presencia de Municiones sin Explosionar (MSE) y Trampas Explosivas (TE) por parte de los grupos armados que hacen presencia en cualquiera de los 11 municipios que componen la subregión del Catatumbo.
Adicionalmente, se han registrado 47 enfrentamientos o combates armados que han causado el desplazamiento masivo de 1.470 personas en la subregión del Catatumbo, en lo que va de 2023.
La organización mostró su preocupación por los riesgos que enfrenta la población civil debido a la instrumentalización para la realización de actividades ilícitas. Este es un fenómeno que no cesa en el país, ya que niños y jóvenes son la población que más ha sufrido de reclutamiento forzado por parte de grupos guerrilleros en distintas zonas de alto conflicto.
Debido a esta situación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han emitido un comunicado en el que se identifican diversos actos de violencia, como secuestro, amenazas, homicidios selectivos y extorsiones dirigidas a la población civil.
Afectaciones a la población civil en la subregión del Catatumbo

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) llevó a cabo una misión humanitaria del 2 al 6 de octubre de 2023 en las comunidades de Puerto Palmas, del corregimiento La Gabarra, y en las autoridades indígenas de Tibú; así como en los corregimientos de San Pablo y Aserrío en Teorama, y en la vereda de San Ignacio (San Calixto). Estas son las principales zonas afectadas por el conflicto armado en Norte de Santander.
La organización halló que las principales afectaciones hacia la población civil por causa de los constantes enfrentamientos entre grupos armados se evidencian en la protección, salud, educación, seguridad alimentaria y nutrición de dichas comunidades.
Uno de los casos que se destacan en el informe de misión humanitaria de la Ocha tiene que ver con los impactos negativos de la violencia en la salud de las comunidades. La organización evidenció que se presentaron 31 casos de tuberculosis y 688 brotes de paludismo durante 2023 en las comunidades indígenas de Tibú.
Al menos 200 mujeres se encuentran en estado de gestación y presentan dificultades para la atención médica. Además, se registraron afectaciones emocionales en niños y adolescentes debido a enfrentamientos y amenazas de los grupos armados.
Ante las barreras que dificultan el fácil acceso a los servicios de salud, educación y alimentación de la población civil en el Catatumbo, específicamente de la población vulnerable entre niños, población indígena y migrante, la Ocha hizo varias recomendaciones a las comunidades y al Gobierno nacional:
- Se requiere el acompañamiento y la construcción de un plan de respuesta comunitario que aborde diversas situaciones de emergencia. Esto podría incluir la identificación de riesgos, la asignación de roles y responsabilidades, la ubicación de refugios seguros y la creación de una red de comunicación efectiva para coordinar la respuesta ante emergencias.
- Promover la oferta institucional en servicios como asistencia y orientación legal en zonas veredales.
- A las instituciones de salud de los municipios se recomienda tener mayor acompañamiento y programas de información y servicios frente a temas de salud sexual y reproductiva. Así como la implementación de jornadas de atención en salud primaria, especialmente, para población indígena, refugiados, migrantes y víctimas del conflicto.
- Es importante garantizar el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes, así como aumentar la oferta educativa en secundaria y acompañar los docentes en estrategias de Educación en Emergencia, formación en primeros auxilios psicológicos y contención emocional. Fomentar la agricultura y la producción de alimentos a través de proyectos agrícolas y ganaderos que puedan generar ingresos para las comunidades locales.
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