El 2 de noviembre se conoció una grave denuncia en el Concejo de Bogotá, que tiene que ver con la dueña de la empresa con la que la alcaldía de la ciudad contrató la interventoría para la concesión de los cementerios en la capital del país.
Así lo dio a conocer Diego Cancino, concejal de la Alianza Verde, el partido de la alcaldesa de Bogotá, que en los últimos dos años se desmarcó de las decisiones de la burgomaestre e hizo una oposición a muchos de sus proyectos e iniciativas.
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Se trata de Marcela Sofía Alíes Fuentes, además de ser la dueña de la empresa con mayor participación (el 25%) en el Consorcio San Marcos, está pagando una condena, desde comienzos del 2020, de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos y corrupción privada agravada sobre bienes del Estado.
El concejal Cancino agregó que pudo demostrar que la mujer no solo tuvo la representación legal de la empresa Tecnologías y Consultorías Ambientales y de Gestión SAS (TECNICONSULTA SAS. NIT: 900.218.054-1) desde 2012 hasta mediados de 2019, como consta en las actas de Cámara de Comercio, si no que, según acta de manifestación de control de la empresa, fechada el 8 de octubre de 2021 y firmada por su puño y letra, es accionista mayoritaria desde el 15 de junio del 2017 y, por tanto, su propietaria.
A su vez, recordó que es de público conocimiento que la Fiscalía comprobó que TECNICONSULTA SAS, en cabeza Alíes Fuentes, “participó en un entramado de corrupción a través del cual se apropió de por lo menos 4.000 millones de pesos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), que fueron a parar a los bolsillos de Musa Besaile y otros políticos corruptos en 2017″.
Asimismo, detalló que Mauricio Galofre Amin, uno de sus fundadores, fue sentenciado en 2009 por la Corte Suprema de Justicia a 13 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el pago de millonarios sobornos durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
Finalmente, Diego Cancino enfatizó en que en la actualidad TECNICONSULTA SAS está vinculada al menos a siete procesos de responsabilidad fiscal, que señalan su participación como interventora en la ejecución de varios contratos de obra sobre los que la Contraloría General de la República advierte un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de $28 mil millones en distintos municipios y gobernaciones del país.
El político de la Alianza Verde, que para el próximo periodo 2024-2027 no ocupará una curul en el Concejo de Bogotá, anunció que solicitará “a la administración distrital demandar la nulidad de este contrato que nunca debió adjudicarse”.
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