La Fiscalía General de la Nación tendría preparadas dos imputaciones en contra de dos empresas que habrían sido utilizadas para lavar los sobornos que pagó Odebrecht para quedarse con el contrato de la Rutal del Sol II, a través de contratos ficticios, los mismos que Jorge Enrique Pizano advirtió cuando era controller de la Ruta del Sol.
De acuerdo con información de Cambio, serían cuatro las personas, de las empresas Inversores Profesionales y Análisis Desinpro S. A., a las que la Fiscalía imputará cargos en los próximos días. Esto, según la respuesta que el ente acusador dio a un derecho de petición que radicó el medio de comunicación.
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El ente acusador también advirtió que existe una indagación preliminar para analizar las supuestas coimas que habría pagado la multinacional brasileña a través de contratos con las empresas Gestora de Proyectos de Infraestructura, Consorcio Torrosa, RGQ Logistic y Consultores Presoam.
Sobre estas empresas, Pizano habría entregado pruebas de pagos sospechosos, por el orden de $16.900 millones, que hizo el concesionario de la Ruta del Sol a Consultores Unidos, a Profesionales de Bolsa, a Inversores Profesionales S. en C., a Análisis Desimpro S. A. y a Gestora de Proyectos de Infraestructura.
En Cambio también revelaron que hay contratos, de los que también habría advertido Pizano, de los que nunca se supo nada. Uno de estos fue por $1.1336 millones, suscrito con Inversores Profesionales; otro, por $2.151 millones, con Análiis Desimpro S. A.; otro, por $1.447 millones, con Gestor de Proyectos de Infraestructura; y otro con el Consorcio Torrosa, al que le habrían pagado $9.389 millones con una factura que fue emitida por la firma Asesores y Consultores Presoam.
Pizano había advertido, en noviembre de 2013, a Ricardo Lopez Vieira y a Eder Ferracuti, directivos de Odebrecht, en un correo con asunto “Mayores pagos” y del que tiene copia la Fiscalía y en el que, según citan en Cuestión Pública, el controller denunció pagos de facturas por “valores mayores y diferentes a los contratados” que se hicieron “sin tener el respectivo soporte”.
En el correo, Pizano le pediá a Vieira y Ferracuti pedir el reembolso de los pagos. También les decía: “Ruego también el inmenso favor, me comente cuáles son las medidas al interior de la Concesionaria para prever que no se presenten estas situaciones”.
Fiscalía está esperando pruebas del acuerdo entre Corficolombiana y la justicia de EE. UU. para “valorar el ejercicio de la acción penal en Colombia”
El 10 de agosto de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Corficolombiana —filial del Grupo Aval— acordó el pago de más de 80 millones de dólares para resolver las investigaciones judiciales en el país norteamericano sobre los pagos de sobornos en el entramado de corrupción urdido por Odebrecht sobre la Ruta del Sol II. El 31 de octubre, desde la Fiscalía General de la Nación aseguraron que ya se solicitó que le sea allegado el material probatorio que hacen parte del acuerdo entre la justicia estadounidense y Corficolombiana.
De acuerdo con información de Cambio, el ente acusador está a la espera de estos documentos, pruebas físicas y demás evidencia para “valorar el ejercicio de la acción penal” en Colombia.
“Se informa que teniendo en cuenta el acuerdo de procesamiento diferido entre Corficolombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ha solicitado a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, el traslado de los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás documentos que hacen parte del acuerdo suscrito por parte del conglomerado colombiano Grupo Aval y su filial bancaria (Corficolombiana), a fin de valorar el ejercicio de la acción penal en Colombia”, se lee en la respuesta de la Fiscalía a un derecho de petición de Cambio
También se aclaró que no se está investigando, actualmente, a José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana y único condenado en Colombia por el escándalo de Odebrecht, sobre el segundo soborno que la multinacional brasileña para que le fuera adjudicado el tramo Ocaña-Gamarra. Hay que advertir que está pendiente conocer quién es el funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos conocido como el Colombian Official 3, que, según el acuerdo que suscribió Corficolombiana y la justicia de Estados Unidos, fue el beneficiario de un soborno de 3,4 millones de dólares.
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