Exministros, exdirectores del DNP y académicos ven líos en la reforma pensional y solicitaron ajustes

Colombia está a la espera del segundo debate en el Congreso de la República del proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. El mismo es uno de los que más genera polémica, entre otras cosas, porque los colombianos que tienen ahorros en los fondos privados de ahorros los deberán trasladar sí o sí a Colpensiones.

Además, plantea un sistema de pilares que podría generar un déficit fiscal a las arcas del mismo Gobierno.

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Por eso, exministros de Hacienda como José Antonio Ocampo, Mauricio Cárdenas, Juan Camilo Restrepo y Rudolf Hommes, exdirectores del Departamento Nacional de Planeación (DNP), como Luis Fernando Mejía (hoy director ejecutivo de Fedesarrollo) y Armando Montenegro y académicos como Marcela Eslava, dieron a conocer una carta en la que piden una serie de ajustes para el proyecto de ley.

En resta resaltan que la reforma tiene elementos muy positivos, como el aumento de la cobertura a casi la totalidad de la población en edad de pensión, la eliminación de los tratamientos inequitativos entre personas con las mismas condiciones y la reducción sustancial de los subsidios en el régimen de prima media.

Además, destacan la creación de un pilar solidario que entregaría un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, aproximadamente $224.000 mensuales, a todos los adultos mayores que no cumplan los requisitos para una pensión, pilar que elimina la pobreza extrema en los adultos mayores.

Sin embargo, consideran que la propuesta aprobada en primer debate debe ser ajustada en ciertos elementos con el fin de garantizar la sostenibilidad y la equidad con futuras generaciones.

En primer lugar, señalan que el umbral del pilar de prima media debe reducirse de tres salarios mínimos. La opinión de los firmantes sobre el nivel que debe tener este umbral varía desde un salario mínimo hasta dos salarios mínimos.

En segundo lugar, advirtieron que el esquema diferencial para mujeres debe incorporar una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta por tres hijos, como se había propuesto en la versión inicial del proyecto de ley. Según ellos, la reducción en la propuesta actual, de 300 semanas, implicaría que una mujer debe cotizar solo 19 años para disfrutar una pensión por 29 años, lo que dificultaría la sostenibilidad del esquema.

En tercer lugar, dicen que el régimen de transición debe mantenerse en 1.000 semanas, como también lo propuso inicialmente el Gobierno, y debe incorporar un requisito mínimo de edad, de diez años menos que la edad de pensión.

En cuarto lugar, dijeron que es fundamental fortalecer la gobernanza del fondo de ahorro planteado en la reforma.

Para ellos, esto requiere de un diseño institucional de primer nivel, con la experticia e independencia necesaria para diseñar los criterios de administración del fondo, que debería estar en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A su turno, que la cartera debería licitar la administración de los recursos del fondo por medio de un mecanismo competitivo, abierto a entidades financieras públicas y privadas.

Los exministros, exidrectores del DNP y académicos creen que con estos cuatro ajustes, y aunque aún quedarían temas pendientes como las modificaciones de los parámetros del componente de prima media, la reforma pensiona! propuesta por el Gobierno nacional avanzará en resolver los graves problemas de baja cobertura, inequidad y regresividad que aquejaron por décadas al sistema de protección a la vejez.