Luis Alfredo Ramos fue acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia, al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero por presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto Hidroituango.

Ramos Botero se encuentra actualmente privado de la libertad por sus vínculos con grupos paramilitares. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte lo condenó, en abril de 2022, a una pena de 7 años y 11 meses de prisión y a una multa de 7749,65 salarios mínimos e inhabilidad vitalicia para ocupar cargos públicos.

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La defensa del exgobernador había pedido, en aquella ocasión, que se investigara por supuestos testigos falsos en el proceso. Sin embargo, la sentencia desvirtuó los argumentos, puesto que quienes declararon no faltaron a la verdad, teniendo en cuenta que “coinciden en lo fundamental en los señalamientos contra Ramos Botero por sus coaliciones con las organizaciones al margen de la ley, grupos de los que hicieron parte los testigos, con el fin de promocionarlas y asirse de ellas para obtener sus fines electorales”, señaló el fallo.

Ahora, con la acusación formal de la Fiscalía en el caso Hidroituango, Ramos Botero deberá ir a juicio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El escrito de acusación indica que el megacontrato para la construcción de la hidroeléctrica fue direccionado para que quedara en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En 2009 arrancó el proceso para construir el proyecto. Para ello, se abrió una licitación pública internacional y siete compañías interesadas clasificaron para obtener el contrato.

Sin embargo, el proceso de subasta se levantó en octubre de ese mismo año porque la junta directiva de Hidroituango, en la que participaba Ramos Botero como gobernador, seleccionó a EPM. Las razones que se esgrimieron es que era una compañía local y había precalificado tras la invitación.

“Esta actuación del doctor Luis Alfredo Ramos, que ejerció una posición activa en la junta directiva tanto en su participación como gobernador, tanto como la sociedad IDEA, que hace parte descentralizada del departamento, mantuvo una posición contraria a los intereses del departamento y que significó privilegiar a EPM en un proceso de selección”, precisó la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Esto, violó los principios de contratación pública, toda vez que la junta directiva modificó su estatuto de contratación para permitir que un socio recibiera el contrato de manera directa, lo cual se hizo a través de un acuerdo del 10 de noviembre de 2010.

La Fiscalía también señaló que Ramos Botero habría influido en el nombramiento de Álvaro de Jesús Vásquez Osorio en el IDEA, lo que permitió a su vez la elección de Luis Guillermo Gómez Atehortúa como gerente del proyecto.

Además, se habría creado la sociedad EPM Ituango SA para que recibiera el contrato que finalmente se firmó el 30 de marzo de 2011.

De todas maneras, EPM no quedó encargada de la construcción, sino que tuvo que ceder esa función al consorcio CCC conformado por Camargo Correa Infra, Conconcreto y Coninsa Ramón H, poderosas compañías antioqueñas.

Luego de que la Fiscalía acusara formalmente al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, la Corte Suprema avaló a la Gobernación de Antioquia y al Instituto Para el Desarrollo como víctimas dentro del proceso.

Además, dio un plazo de tres días hábiles a la Fiscalía General y a la defensa del exgobernador para que presenten las pruebas que crean necesarias para el desarrollo del juicio penal.