El 12 de octubre se conoció una decisión de la Contraloría General de la República en la que imputó responsabilidad fiscal por $69.970 millones en la actuación de tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC y personas relacionadas con las empresas de la unión temporal Centros Poblados, en el escándalo por la pérdida de estos recursos destinados para la conexión a internet de centros educativos en algunos territorios del país.
En esta decisión también exoneró de responsabilidad fiscal a Emilio Tapia, el cerebro del entramado de corrupción conocido como el carrusel de la contratación.
En la decisión de la Contraloría, conocida por Sigue la W de WRadio, se advierte que hubo irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna que redundó en el incumplimiento de la meta seis del contrato, que buscaba instalar 7.277 puntos de internet en 16 departamentos. Este contrato le fue adjudicado a la unión temporal Centros Poblados, detrás de la que estaba Tapia.
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También se advierte que no se cumplió con la entrega de los equipos necesarios para la instalación de los puntos de internet.
Entre los responsables, según el documento que conoció Sigue la W, están tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC: Adriana Meza Consuegra, exsecretaria general y mano derecha de la exministra Karen Abudinen; Sandra Orjuela Méndez, exsubdirectora de Gestión Contractual; Camilo Jiménez Santofimio, exdirector de infraestructura y supervisor del contrato. Todos con culpa grave, según el ente de control fiscal.
La Contraloría también le imputó responsabilidad fiscal a tres empresas que hacían parte de la unión temporal Centros Poblados y que son de Emilio Tapia: la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniera, Seguridad e Innovación; ICM Ingenieros; Omega Buildings e Intec de la Costa.
Sorprende de la decisión del ente de control que se desvincula del proceso a Emilio Tapia y se archiva la investigación en su contra. Los que sí deberán responder ante la justicia son Juan Carlos Cáceres y Luis Fernando Duque, este último como representante legal de la unión temporal Centros Poblados.
También se imputó responsabilidad fiscal a funcionarios del Ministerio de las TIC y empresas que suscribieron el contrato de interventoría del consorcio PE2020 Centros Digitales por $1.400 millones por deficiencias en el control y seguimiento adelantado del mencionado contrato.
La exministra TIC Karen Abudinen también fue declarada libre de responsabilidad fiscal por no ser gestora fiscal en ese proyecto.
Si bien la Contraloría eximió de responsabilidad fiscal en el escándalo de Centros Poblados a Emilio Tapia, este enfrenta un proceso penal por este mismo escándalo por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. Y tiene otro proceso por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado por irregularidades para participar en licitaciones con Emcali.
Sobre el caso de Centros Poblados, que es lo que nos atañe, la Fiscalía advirtió, en mayo de 2023 y según la citan en El Espectador, que Tapia “habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría $4.000 millones. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTIC que le otorgaron el contrato”.
La Fiscalía también señaló que Tapia habría tenido conocimiento de que las empresas de la unión temporal obtuvieron pólizas falsas para poder participar de la millonaria licitación. El ente acusador pudo establecer Tapia recibió $6.182 millones, de estos $5.064 millones los habría invertido en obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta y el pago de honorarios a abogados.
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