La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado al exgeneral del Ejército Mario Montoya Uribe por más de 100 casos de falsos positivos que ocurrieron en Antioquia entre 2002 y 2003, cuando lideró la cuarta brigada en Medellín.
La JEP ha alegado que durante su mandato en la brigada cuarta, se ejerció una gran presión por obtener resultados, lo que llevó a la presentación de muertes en combate como el único indicador de éxito para obtener incentivos y recompensas.
Esta situación, según la JEP, condujo a la ocurrencia de falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate.
Recientemente, el excomandante del Ejército ha solicitado la nulidad de esta imputación. En su defensa, argumenta que la imputación se realizó sin permitirle a él ni a su representante judicial presentar observaciones previas y que hubo una formulación incorrecta de la imputación.
Sostiene que la JEP ha concluido con base en pruebas que no respaldan las acusaciones en su contra y que esto ha generado un defecto sustancial en la providencia judicial.
Montoya también cuestiona la interpretación de la JEP de su supuesta política de “privilegiar las bajas en combate”. Argumenta que si esta política se hubiera seguido, las cifras de muertes en combate deberían haber superado significativamente a otros resultados operacionales, como desmovilizaciones y capturas.
“Considera esta defensa que la formulación de una imputación no debe obedecer a un simple capricho, sino con la suficientes bases legales y constitucionales como garantía al debido proceso; de manera que hasta este punto, ha quedado en evidencia que estas incongruencias e inconsistencias en que ha incurrido la sala, ya por sí mismas generan un defecto sustancial en la providencia judicial de cara a los presupuestos necesarios en aras al control de legalidad sobre la decisión cuya ambigüedad, además de viciar el consentimiento de cara a una posible aceptación o no de responsabilidad, a todas luces constituye una violación de las garantías judiciales del general Mario Montoya Uribe”.
JEP presentó sus disculpas “en nombre de un Estado indolente” en Medellín por los desaparecidos de la Comuna 13
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia pública en Medellín para dar seguimiento a las medidas cautelares destinadas a proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, en un esfuerzo por esclarecer la desaparición de personas en la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal. Durante el evento, el magistrado Gustavo Salazar emitió un emotivo mensaje de disculpa en nombre del Estado.
“Quiero pedir perdón de nuevo en nombre de un estado indolente y con frecuencia incompetente”, aseguró el magistrado Salazar en su declaración.
Esta audiencia se realizó en un contexto en el que se busca arrojar la verdad sobre los hechos ocurridos hace 21 años, cuando se produjo una desaparición masiva de jóvenes en la Comuna 13. Salazar destacó la falta de acción y la indiferencia de los gobiernos nacionales, así como de alcaldes sucesivos, hacia las víctimas y sus familias, por hallar dichas respuestas.
El magistrado Salazar subrayó que la justicia ha prolongado el duelo de las víctimas y que los resultados en la búsqueda de desaparecidos han sido insuficientes. También mencionó la falta de avances en la identificación y el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes, muchos de los cuales podrían haber fallecido en este período.
Salazar destacó que esta audiencia marcó un paso importante en el camino hacia la verdad y la justicia.
“Esta audiencia del día de hoy es parte de un camino lento, lerdo, que por múltiples razones no voy a enlistar ante el riesgo que suene a fatas excusas”, y agregó: “Es claro que no hemos cumplido debidamente como Estado con el propósito que nos impusimos en julio de 2019, hacer todo lo posible por buscarlos”.
El magistrado también hizo referencia a operativos como Orión, Mariscal y Antorcha, que, según él, no fueron “operativos audaces ni batallas épicas, sino acciones oscuras que deterioraron el estado de derecho”. Destacó que estas acciones no se pueden justificar ni excusar por supuestos fines.
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