
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, encendió la polémica en el país al decir que es necesario eliminar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), póliza que protege en caso de daños físicos ocasionados a peatones, pasajeros o conductores, el cual cubre gastos médicos y de transporte, incapacidad permanente e indemnizaciones por muerte y servicios funerarios.
Esto, entre otras cosas, debido al fraude que hay para cobrarlo y porque ni siquiera la tarifa diferencial establecida para que los conductores de motos de bajo cilindraje lo adquirieran con 50% de descuento ha servido.
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A Jaramillo lo respaldó el presidente Gustavo Petro, que dijo que “el Soat se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de dineros de la salud”.
Por supuesto, la reacción del gremio asegurador no se hizo esperar. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) dio su opinión al respecto y recordó que desde hace varios años ha advertido sobre la problemática que ronda el Soat: la alta accidentalidad, el flagelo del fraude, por supuesto la evasión, entre otros.
Así las cosas, este considera como una buena noticia que el presidente de la República y el ministro de Salud tengan la intención de resolver esta situación.
El dirigente, en declaraciones recogidas en una entrevista para Caracol Radio, expresó que esa no es la solución al problema. Para él, se deberían activar mecanismos por medio de los que, si una persona no tiene Soat, pero acudió a un hospital para ser atendido, esta pueda devolverle al Gobierno el dinero que pagó por el servicio que le prestaron las entidades de salud.

De paso, según el medio, planteó que el pago de cada persona sea proporcional al riesgo, es decir, los que más corren peligro serían los que más pagan, poniendo sobre la mesa nuevamente la discusión del costo de este seguro a los motociclistas.
Allí, mencionó que se puede crear subsidios cruzados que “suavicen el impacto del principio general”.
Soat, 37 años de servicio
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, recordó que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito siempre ha hecho parte del sistema de salud y la Constitución Política permite la colaboración entre particulares y públicos en pro del bienestar social. Por eso, calificó este seguro como un ejemplo de ello.
Además, el gremio anotó que el seguro es una herramienta de política pública que le ha servido al país, no en vano funciona desde 1986, es decir, por 37 años ha atendido a todas las víctimas de accidentes de tránsito. En los últimos diez años, suma seis millones de personas.
De paso, recordó que en 2022, con las primas recibidas se asumieron reclamaciones de víctimas de accidentes de tránsito por $2,4 billones.
Por último, dejó claro que lo más importante es la construcción de un pacto social en favor de la seguridad vial. ”Hemos insistido en diferentes instancias que ese compromiso debe ser de todos los sectores”, finalizó.
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