![La citación de la JEP](https://www.infobae.com/resizer/v2/ZO4PLW3UW5AIXDRMH57LROQX6I.jpg?auth=957eecc5803ebf56e901fe8a4ff0f1a635d45bb50d9f30bc3be6cbfdd4caa3a7&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció el 4 de octubre que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad citó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a una audiencia pública el 14 de noviembre de 2023 para que presente un informe sobre el estado actual de identificación de los cuerpos recuperados con ocasión de la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
En el Auto SAR AT 364 del 22 de septiembre de 2023, en el que se convoca a la audiencia pública, la Sección de Ausencia de Reconocimiento advierte que “la información solicitada a las distintas entidades deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles anteriores a la celebración de dicha audiencia”. Esta decisión responde a la solicitud de medidas cautelares que hizo Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán y funcionaria de la Cancillería.
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Medicina Legal deberá dar cuenta, en el informe que le solicita la JEP, de la necropsia realizada a 94 cuerpos remitidos del Palacio de Justicia y del Hospital Militar, de los cuales 56 fueron identificados y entregados a familiares o personas autorizadas y 38 fueron objeto de inhumación estatal.
También se deben responder las siguientes preguntas: “¿Qué pasó con los 38 cuerpos que se afirma fueron objeto de inhumación estatal? En el informe no se vuelve a hacer alusión a ellos. ¿Tales cuerpos hicieron parte de los cuerpos hallados posteriormente en una fosa común en dicho camposanto? ¿En algún momento se logró su identificación y entrega a sus familiares?”
El representante de Medicina Legal, durante la audiencia, tendrá que realizar una presentación detallada y precisa de toda la información con la que la entidad cuente en relación “con los diversos procesos de identificación adelantados con ocasión de los hechos del Palacio de Justicia, las solicitudes de información que formulen tanto las citadas víctimas como la representación del Ministerio Público y, particularmente absolver las siguientes inquietudes que para la SAR surgen del contenido del citado informe”.
![Medicina Legal deberá dar cuenta,](https://www.infobae.com/resizer/v2/L3FRQ6VYKJHYRAFPJV3Q5A56KA.jpg?auth=7d0d001568e70843d0e4ef2f5a65aee69c28f9e1c5e30537a4fe1e053ac13f7a&smart=true&width=350&height=214&quality=85)
En la audiencia también deberá estar presente el titular de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que presente un informe en el que, de manera detallada, “revele cuál ha sido el trasegar de esa actuación, el estado actual de la misma, los derroteros que orientan su adelantamiento, cuántos reportes persisten de personas desaparecidas con ocasión de los hechos del Palacio de Justicia y si actualmente se tiene información que permita la ubicación de nuevos sitios de interés forense en punto de la posible ubicación de cuerpos de personas desaparecidas”.
![La JEP le pidió un](https://www.infobae.com/resizer/v2/SRPUYODOI5HPTFIVMPBH3UNBKQ.jpeg?auth=a8830108bad80b7b55f89cbb25640aa4e4bc638776dac7184dccc6e2779ae65e&smart=true&width=350&height=197&quality=85)
También tendrá que comparecer la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, y la directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora.
Zamora deberá presentar un informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de 14 de noviembre de 2012 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-; explicar las acciones implementadas por el Estado colombiano para esclarecer, juzgar y sancionar conductas punibles que atenten contra el DIH y los DDHH; y se refiera el estado actual de los trámites y pagos de indemnizaciones derivados de los casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También están citados, el ministro de Cultura, Juan David Correa, el director del Archivo Distrital de Bogotá, Álvaro Arias Cruz, el representante de Jardines de Luz y Paz S. A. S. —que administra el cementerio Sur de Bogotá— y al representante de la Oficina Asesora de Memoria Institucional y del Sistema Integral para la Paz, de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.
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