Luego de que se viralizara un video en el que se evidencia un caso de maltrato laboral en la empresa Castra Agroindustrial Ganadera, ubicada en Ibagué (Tolima), el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, Edwin Palma Egea, se pronunció en X (antes Twitter).
El funcionario no solo rechazó los actos violentos que habrían sido perpetrados por los hermanos Diego y Gustavo Charry, socio mayoritario y representante legal de la compañía, respectivamente, sino que también afirmó que son esta clase de empresarios los que rechazan la reforma laboral que propone el Gobierno nacional.
“Estos son de los empresarios que se oponen a la #ReformaLaboral porque siguen convencidos que los espacios del trabajo son inmunes al respeto de los derechos humanos. Son los que creen que como ellos generan empleo, entonces tienen licencia para violentar a sus trabajadores”, sostuvo el viceministro en la red social.
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Su comentario fue respondido por un internauta que aseguró haber leído el proyecto de 92 artículos, radicado ante el Congreso de la República en agosto de 2023, y afirmó que en ninguna parte se encuentran soluciones para este tipo de acciones violentas.
“Me he leído la reforma laboral con mucho juicio. Estas inexplicables, abusivas, vulgares, desfasadas, grotescas y salvajes conductas no tienen ninguna solución en esa reforma laboral. La verdad la solución para eso está en el derecho penal, nada de eso tiene que ver con empleo”, dijo el usuario de X.
En respuesta al comentario del internauta, el viceministro explicó de qué manera el proyecto de reforma sí afrontaría el maltrato laboral; enumeró tres medidas para ello, contempladas en el documento. La primera se refiere a la incorporación de lo establecido en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por medio del cual se reconoce el derecho que tienen todas las personas a trabajar en espacios laborales libres de violencias.
“El presente Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados, según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador”, señala el documento.
Entre los principios fundamentales que enlista el Convenio 190 está el adoptar medidas para prevenir y combatir la violencia y acoso en entornos laborales, establecer sanciones pertinentes, tener herramientas de sensibilización en la materia, y contar con los medios necesarios para investigar e inspeccionar el trabajo.
El segundo punto mencionado por el viceministro está basado en una sentencia (T-317/20) en la que se evidencian problemáticas relacionadas con la tercerización ilegal, que ocurre cuando se vincula a un trabajador o trabajadora por medio de un proveedor y se afectan sus derechos constitucionales, legales y prestacionales. Según Palma Egea, en estos escenarios es en donde se presentan más actos de acoso laboral y, además, se dificulta la identificación de quienes ejecutan estas conductas. Por eso, la iniciativa propone lo siguiente:
“El artículo 12 del proyecto de ley establece una modificación al artículo 34 del CST, definiendo los contratistas y los subcontratistas en los en el entendido de que no se prohíbe la tercerización en Colombia, pero se establece la responsabilidad solidaria de la empresa contratante y contratista siempre que esta ocurra y la extensión de los derechos y garantías de los trabajadores directos a aquellos tercerizados con el fin de desincentivar su uso como una medida de ahorro de costos laborales”, dice el documento de reforma.
Por último, el viceministro sostuvo que el proyecto de reforma busca proteger el derecho a la asociación y negociación colectiva, que se presentan como un tipo de mecanismo para democratizar las relaciones laborales y tratar casos de violencia y acoso en el trabajo.
“En lo penal, poco o nunca se toman medidas que tienen que ver con asuntos del trabajo. Pese a recomendaciones de OIT y fiscales especializados, por ejemplo, seguimos insistiendo que se proteja el derecho de asociación cuyo tipo penal es claro, y ha sido infructuoso”, añadió el funcionario.
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