La Contraloría General de la República alertó por la cantidad de procesos de responsabilidad fiscal abiertos en el último año en Colombia. De acuerdo con el ente de control fiscal, siguen persistiendo problemas en el uso de los recursos públicos a cargo de quienes deben dar garantías de la correcta ejecución de los mismos.
Los procesos abiertos suman $6 billones, una cifra que, según el contralor General (e), Carlos Mario Zuluaga, indica que en 2023, se han abierto casos por $254 mil millones.
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“(...) Hemos cerrado las auditorías del primer semestre con hallazgos fiscales que suman $222 mil millones, de los cuales $100 mil millones corresponden a recursos de OCAD PAZ”.
Los principales problemas que se encontraron a raíz del uso y la ejecución inadecuada de los recursos públicos, fueron:
- Demandas contra el Estado: Actualmente, hay 362.600 procesos activos de demandas contra el Estado, con pretensiones por $606 billones. En cuanto a demandas por controversias contractuales, hay activos 2.050 procesos, con pretensiones por $20 billones.
- Vulnerabilidad del sector de infraestructura: El ministro de Transporte, William Camargo, dijo que cada vez es más evidente la vulnerabilidad que se tiene frente a la provisión de bienes del Estado. “Por la infraestructura que tenemos, por su dispersión y por su extensión, y también por las competencias que tiene en su administración, no cuenta con las coberturas suficientes para garantizar el restablecimiento oportuno de los servicios que se afectan cuando ella se ve impactada por diferentes sectores”, anotó.
- Proyectos con alto nivel de riesgo: El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), Hernando Monroy, consideró necesario revisar permanentemente todos los elementos en la cadena de aseguramientos. “Debemos tener un manual de buenas prácticas, para minimizar riesgos en daños jurídicos, económicos y reclamaciones”, dijo.
Entre tanto, el vicepresidente de La Previsora de Seguros, Gelman Rodríguez, le propuso al contralor la posibilidad de firmar un convenio en el que la aseguradora del Estado le pueda reportar a la Contraloría, de manera periódica aquellos proyectos que tienen un nivel de riesgo de incumplimiento.
Por su parte, la directora del Invías, Mercedes Gómez, mencionó que algunos contratistas llegan a las obras sin el respaldo financiero requerido o no tienen la experticia necesaria para el tema particular de la obra que asumen, lo que al final genera que los proyectos no se puedan terminar.
Así mismo, recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo se establece la posibilidad de tener un seguro paramétrico, que se está analizando por parte de la entidad.
De acuerdo con el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), los seguros paramétricos ayudan a limitar el impacto financiero de eventos devastadores como ciclones tropicales, terremotos y lluvias extremas que afectan a los países. Además, ofrecen desembolsos inmediatos cuando ocurre un siniestro y se activa una póliza.
En la instalación del Foro La Protección al Patrimonio Público a través del Contrato Fiscal y del Contrato de Seguro, convocado por la Contraloría en el marco de la conmemoración de los 100 años de esta entidad, Zuluaga destacó que se ha logrado recaudar una cifra considerable de estos recursos:
“Hemos recaudado este último año $422 mil millones, algunos de esos recursos de aseguradoras. Una cifra que comparada con los recursos recaudados en los 4 años anteriores ($240 mil millones), significa casi el doble”.
Dijo que esos $422 mil millones están hoy en el Tesoro Nacional y pueden ser utilizados por el Gobierno para los proyectos que necesitan financiarse en el actual Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con el funcionario, la Contraloría ha logrado reducir, de $15 billones a $14.3 billones, la cuantía de los ‘elefantes blancos’, obras inconclusas y proyectos críticos en el país.
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