Denuncias en Cali que inspectores de la Policía estaría pidiendo dinero a cambio de no cerrar locales comerciales

Recientemente, el concejal caleño Juan Martín Bravo mostró varios audios en los que señala, presuntamente, que inspectores de la Policía de la capital vallecaucana estarían pidiendo dinero a cambio de no cerrar comercios en esa ciudad.

“El inspector de Policía Pedro Cuenú Salazar, de la Comuna 3, presuntamente estaría pidiendo dinero a cambio de no cerrar los establecimientos públicos ubicados en El Peñon. En una grabación de más de una hora que llegó a mi poder se deja al descubierto este presunto delito. El hombre usa palabras obscenas en su diálogo”, citó la Revista Semana al concejal Bravo.

En el audio compartido por el concejal se escuchan expresiones como “En esta vida todo se maneja y le voy a decir algo que suena vulgar, pero el único que trabaja pelado es el chim**”; además, el supuesto inspector menciona que “por plata baila el perro”.

El concejal ha expresado su preocupación por múltiples denuncias que han llegado a su conocimiento sobre inspectores de policía que, supuestamente, coaccionan a los dueños de comercios solicitando documentación fuera de su competencia, como licencias de construcción.

En algunos casos, se alega que piden sobornos a cambio de no cerrar los establecimientos y mantenerlos al margen de la atención de las autoridades. Los que se resisten a estas solicitudes supuestamente enfrentan sanciones en forma de multas o cierres permanentes.

El material de audio que se ha presentado como evidencia sugiere que la persona con la que el supuesto inspector hablaba podría haber accedido al soborno. Esto no solo compromete al destinatario del dinero, sino que también apunta a otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia, quienes supuestamente están recibiendo sobornos por visitar ciertos establecimientos comerciales y solicitar trámites innecesarios que obstaculizan su funcionamiento dentro del marco legal.

El concejal Bravo ha instado a las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía, la Procuraduría y la Personería, a llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre estas presuntas actividades corruptas. “Ningún inspector de policía puede pedir sobornos a cambio de no cerrar un establecimiento. Si lo hace, incurre en los delitos de concusión y cohecho, contemplados en los artículos 404 y 405 del Código Penal”, enfatizó.

Además, hizo un llamado a los comerciantes afectados a denunciar estas acciones contrarias a la ley y afirmó que responsabiliza al inspector de policía presuntamente involucrado de cualquier acto que ponga en riesgo su vida o la de personas cercanas a él debido a esta grave denuncia.

Varios uniformados de la Policía en Medellín, en lugar de proteger a la población civil, se dedicaban a actuar como delincuentes. Los patrulleros fueron capturados luego de extorsionar a un comerciante bogotano que se encontraba en la capital antioqueña y, finalmente, fueron condenados a prisión.

El crimen por el que fueron condenados los dos uniformados ocurrieron en septiembre de 2019 en el occidente de Medellín. Allí se encontraba un hombre que había viajado a la capital antioqueña y estaba fuera de su hotel en el sector de La 70 cuando fue abordado por dos policías.

Los patrulleros John Edilson López Hurtado y Luis Anderson Pineda Hincapié se le acercaron al comerciante y le exigieron sus documentos. Le dijeron que, supuestamente, tenía una orden de captura en su contra el delito de trata de personas que debían hacer efectiva.

Sin embargo, le ofrecieron una salida para no ser detenido allí mismo: entregar un soborno. Los uniformados le dijeron que si entregaba $1′000.000 de pesos no cumplirían con la orden de detención que se había emitido por una supuesta investigación de abuso sexual de menores de edad.

La víctima, amedrentada y sometida por varios minutos a los señalamientos de los uniformados, habría accedido al soborno, pero por una cifra inferior. Finalmente, según las investigaciones de las autoridades, los uniformados y el comerciante habrían acordado un pago de $500.000 pesos que debía entregar allí mismo.

Los uniformados incluso le plantearon un mecanismo para la entrega de los billetes. Le dijeron al hombre que debía entrar al hotel donde estaba hospedado y sacar dos vasos con whisky para utilizarlos como camuflaje del dinero. Así lo habría hecho la víctima para evitar ser capturado.

Luego de la denuncia iniciaron las investigaciones que dieron como resultado que el comerciante bogotano, para el momento de los hechos, no tenía ninguna anotación judicial y, por lo tanto, tampoco una orden de captura vigente, por lo que este habría sido el mecanismo que usaban para amedrentar a la víctima.